El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, urgió a los tres Poderes de la Unión a emprender acciones contra la inseguridad y manifestó que es justificada la indignación de la sociedad al ver amenazada su integridad.
Planteó que el máximo tribunal de justicia del país y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto no son ajenos "a los desafíos que enfrenta la seguridad pública en nuestros tiempos".
Por ello no es suficiente encaminar los esfuerzos a la prevención sino emprender "acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen", externó.
Al hacer un pronunciamiento del Poder Judicial sobre la inseguridad y violencia de los últimos meses, dijo que "la educación es la principal herramienta preventiva para corregir esa inercia".
Sin embargo recalcó que "la prevención no basta", sino que se debe perseguir de forma efectiva a los delincuentes.
Durante la toma de protesta a 38 nuevos juzgadores federales, hizo énfasis en que como parte de sus tareas fundamentales para contrarrestar la inseguridad el Estado tiene obligación de expedir leyes que resulten adecuadas, completas, sensibles y útiles con castigos contundentes y precisos contra el delito.
En sesión solemne conjunta de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) añadió que el Legislativo debe crear leyes que determinen "procedimientos ineludibles" para que los jueces puedan imponer de forma legítima castigos y sanciones, que es la garantía más valiosa de la sociedad.
Apuntó que al Poder Judicial le toca emitir sentencias imparciales y objetivas, pues "en ello sustenta la legitimidad de su actuar" y su contribución a la justicia y seguridad es ser absolutamente fieles a su tarea de una forma independiente.
El presidente de la SCJN y del CJF exhortó a los nuevos magistrados de Circuito y jueces de Distrito a que sus preferencias o temores no incidan en su labor de dictar sentencias, y a vigilar que la aplicación de las leyes se sujete a los principios constitucionales.
Subrayó que las atribuciones de los poderes y autoridades públicas son los únicos límites de la fuerza del Estado, y que en ese sentido "el orden jurídico se expresa a través de las sentencias" que emite el Poder Judicial.
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