El Gobierno de Bolivia defendió hoy la legalidad del referendo constitucional del 7 de diciembre decretado por el presidente Evo Morales y rechazó, por "carecer de todo fundamento", los impedimentos planteados por la Corte Electoral para su celebración.
El Ejecutivo restó validez a las objeciones de la Corte Nacional Electoral (CNE) e instó a ese organismo a acatar una convocatoria que "es constitucional", está respaldada por una ley del Congreso y obedece al mandato popular expresado en el referendo revocatorio del 10 de agosto.
El propio Evo Morales criticó hoy que la CNE se ha "subordinado a la derecha neoliberal", al adoptar una decisión "política sin ninguna base legal", según declaraciones efectuadas en Teherán (Irán), donde está de visita oficial, a la agencia boliviana estatal ABI.
"Es perjudicar el proceso de cambio y perjudicar la administración del Estado para buscar igualdad entre los bolivianos y bolivianas", señaló el mandatario. En La Paz, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, subrayó en una conferencia de prensa que la consulta sobre la nueva Carta Magna es "inevitable" e "imprescindible" para cerrar el proceso constituyente de Bolivia.
El polémico decreto de Morales para celebrar el 7 de diciembre la consulta sobre la nueva Constitución, así como otros procesos electorales de ámbito regional y provincial, ha enfrentado al Gobierno y a la CNE en una pugna sobre la legalidad de la convocatoria.
La CNE dejó ayer en suspenso la convocatoria al argumentar que existen "impedimentos de orden legal" para poder organizar estos procesos consultivos y electorales.
En el caso del referendo constitucional, la Corte exige que se convoque mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional y no por decreto, como lo ha hecho Morales.
Se trata de la segunda vez en este año que la CNE, presidida por José Luis Exeni, frena los intentos del Gobierno para sacar adelante la nueva Constitución con la que Morales pretende "refundar" Bolivia.
Ya el pasado mes de marzo, la CNE resolvió suspender la consulta constitucional que el Congreso había fijado para el 4 de mayo en una polémica sesión, con el Parlamento rodeado por un violento cerco de sectores afines a Morales que agredieron a diputados de la oposición.
En aquel momento, el Gobierno acató el fallo electoral pero ahora discrepa abiertamente con la CNE al estimar que sus objeciones son un simple "juicio de valor" expresado en una carta, no en una resolución, dirigida al vicepresidente Álvaro García Linera, actual presidente interino por el viaje de Morales a Libia e Irán.
El ministro Quintana aseguró hoy que el Gobierno "agotará los recursos legales" a su alcance y "explorará" los mecanismos necesarios para "viabilizar" el decreto supremo de Morales sobre las convocatorias del 7 de diciembre.
Desde la oposición, el ex presidente y líder de la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), Jorge Quiroga, alabó la decisión de la Corte Electoral y subrayó que el oficialismo "no puede imponer" su nueva Constitución. Según Quiroga, lo que el país y la democracia demandan es una "Constitución de concertación".
En medio de la controversia sobre la legalidad del referendo constitucional, sectores oficialistas apuntaron hoy la posibilidad de que en junio de 2009 se convoquen elecciones generales en Bolivia, si se aprueba la nueva Carta Magna.
Precisamente, uno de los aspectos más polémicos de este texto es que permitiría a Morales presentarse a la reelección, con la posibilidad de asegurarse un nuevo mandato hasta 2014 y otro más hasta 2019 dentro de un nuevo marco constitucional.
El jefe de senadores del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Rojas, reconoció hoy a Efe que, con la nueva Carta Magna en vigor y celebrando elecciones generales en 2009, Morales podría gobernar por otros diez años si gana nuevamente.
El presidente boliviano Evo Morales Ayma aseguró este martes que los miembros de la Corte Nacional Electoral (CNE), que frenaron el referendo constitucional fijado para el 7 de diciembre, cedieron a la presión de la derecha y asumieron una posición política sin ninguna base legal.
En declaraciones a la Agencia Boliviana de Información desde Teherán (Irán), país de oriente medio donde firmó importantes acuerdos en el campo energético y agrícola, Morales lamentó que la CNE se haya puesto "en contra ruta del pueblo boliviano" que demandó acelerar el proceso de cambios estructurales que encara su administración. "Es una decisión que tomaron subordinándose a la derecha neoliberal, porque el cuestionar y hacer una auditoría sobre el Padrón Electoral es una medida a pedido de la derecha, de los prefectos que obedecen a intereses de grupos y no del pueblo boliviano", aseguró el Jefe de Estado.
Con la firma de su presidente, José Luis Exeni, y de la vocal Amalia Oporto, la sala plena de la CNE decidió la noche del lunes frenar la realización del referendo dirimidor y constitucional del 7 de diciembre argumentando una serie de observaciones que a su juicio cuestionarían la legalidad del proceso electoral.
Con esa medida, también congeló la selección de prefectos para La Paz y Cochabamba, de subprefectos para las 112 provincias del país y de consejeros departamentales y decidió una auditoría al Padrón Nacional Electoral.
De igual manera declaró ilegal la consulta convocada por la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, sobre la autonomía departamental; y la "ley" que firmara el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, para llamar a la elección de subgobernadores y asambleístas departamentales.
En ese contexto, el Presidente boliviano expresó su sentir de que con la actitud asumida los miembros de la CNE perdieron toda autoridad moral y ética.
"Es perjudicar el proceso de cambio y perjudicar la administración del Estado para buscar igualdad entre los bolivianos y bolivianas", señaló Morales.
El gobernante, no obstante, renovó su confianza en el pueblo, del que dijo que "siempre sabio, organizado, unido y movilizado" permitirá que el proceso de cambio que encabeza no sea detenido.
Por ello volvió a destacar el mayoritario apoyo que recibió su administración en el referendo revocatorio de mandato popular, cuando el 67.41 por ciento de los bolivianos respaldaron su gestión de Gobierno. "El pueblo pidió consolidar y acelerar el proceso de cambio", insistió el Presidente boliviano.
Morales indicó que precisamente a ese respaldo popular mayoritario responde la aprobación del texto de la nueva Constitución Política del Estado para garantizar el proceso, "y por ello lamento mucho que los miembros de la Corte Nacional estén en contra ruta del pueblo boliviano".
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