Transformar las funciones del poder público

El Estado, como una organización jurídico política de la sociedad se fija objetivos esenciales para el logro de los fines colectivos; dichos fines son los que condicionan el alcance y valor de las funciones del Estado.

A partir de lo anterior, es fácil distinguir en qué consiste la función sustantiva del Estado, que ya desde pensadores como Aristóteles y Platón, se identifica con la persecución del bien común.

Con base en la concepción tomista, encontramos un auge marcado en la filosofía política de la idea del bien común, que se entiende como todo aquello que se traduzca en armonía y convivencia pacífica, a partir de discernir en torno a lo que resulta conveniente para el grupo social.

No obstante lo anterior, es menester que el Estado desarrolle instituciones y genere una estructura que le haga apto para enfrentar los retos que la sociedad le impone, para así ser capaz de cubrir sus exigencias.

Viene entonces una tarea de carácter administrativo que se sustenta en el ordenamiento jurídico y en las posibilidades estatales; en este punto se alude a la gerencia pública, actividad exclusiva del Estado, cuya justificación se encuentra en la necesidad de contar con aparatos burocráticos que administren lo que pertenece al Estado y se canalicen los recursos a los requerimientos de la colectividad.

Las funciones del Estado se ejecutan por diversos órganos reconocidos y legitimados por el sistema jurídico que el mismo Estado asume, dando con ello pauta a la existencia de diversas instancias del Estado en las que descansa el poder público, que no es otra cosa que el gobierno.

Ante la problemática derivada de la concentración del poder estatal en un solo sujeto u órgano, tal como aconteció en la época absolutista, se han buscado fórmulas que permitan el desempeño de las funciones públicas sin que se aglutinen en unas cuantas manos.  El célebre Barón de la Bréde, Montesquieu, concibió la necesidad de una forma de gobierno que permitiera la existencia de un ejercicio balanceado del poder, a través de contrapesos, con lo que se pensó en la idoneidad de la división de poderes.

Una de las primordiales funciones del Poder Público es la de llevar a cabo los procesos formales para la creación de leyes. En nuestro sistema político esta tarea descansa en el Congreso de la Unión, órgano bicameral integrado por la Cámara de Diputados y la de Senadores.

En un sistema presidencialista como el que caracteriza a México, resulta comprensible que el Congreso General se encuentre acotado en muchos aspectos, no sólo en su conjunto, sino también cada cámara en lo particular. Conservamos muchas reglas constitucionales que siguen dando al Ejecutivo un papel preponderante en la toma de decisiones trascendentales para el Estado Mexicano.

La desmitificación de la figura presidencial es una prioridad democrática, ya que el culto al Poder Ejecutivo ha generado que el pueblo revierta inconscientemente la naturaleza del mandato depositado en un ciudadano, enteramente igual a los que le han elegido, pero con una mayor responsabilidad que se deriva del cargo conferido a través del ejercicio del más importante derecho político: el voto.

La institución presidencial ha sido históricamente un reflejo de la clara tendencia del sistema político mexicano hacia privilegiar un liderazgo en el que se fusionaban gobierno y partido oficial. La sana distancia que se vislumbra en el presente, constituye un requisito sine qua non para sentar las bases de una democracia sostenida, sin perder la directriz y caer en excesos que lleven a restar de forma irracional el poder presidencial.

En cuanto a los integrantes de las Cámaras que conforman al Congreso de la Unión, diputados y senadores, tienen frente a sí el imperativo de ser portavoces irrestrictos de las inquietudes de quienes les llevaron a sus respectivos cargos.
Ante la imposibilidad de revocar el mandato asignado a través del voto, la responsabilidad generada es superior, ya que se ha empeñado una palabra en las campañas y se ha aceptado un puesto cuya naturaleza representativa lleva a reflexionar sobre el verdadero papel que entraña el cargo.

Una preocupación vigente es la relacionada con la conformación de las Cámaras, ya que los riesgos democráticos se reflejan en situaciones como la sobrerrepresentación de los partidos políticos, o el desvirtuamiento del sentido prístino de instituciones como el Senado de la República, donde se ha incluido el sistema de representación proporcional, contradictorio de la esencia federalista que inspira a la Cámara Alta.

Se deben buscar fórmulas que traduzcan los votos en espacios de elección popular, con el mayor apego posible a la proporcionalidad del sentido del sufragio. Asimismo, los partidos políticos no deben perder la perspectiva democrática, a cambio de espacios mal habidos, ya sea mediante “concertacesiones” o a través de acuerdos celebrados a espaldas del pueblo.

La conformación actual del Congreso de la Unión ofrece una complejidad política alta, en razón del fraccionamiento de la representación partidista y de la inexistencia de una mayoría absoluta, lo que lleva a pensar en el importante rol que habrán de jugar los partidos políticos de oposición en la generación de mayorías y consensos.

A partir de la experiencia del sexenio anterior, en el cual se generó una disputa abierta entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, hecho que propició la imposibilidad de arribar a acuerdos, se puede establecer una comparación analógica respecto de la situación que prevalece hoy entre Felipe Calderón y el poder legislativo.

Un factor determinante para la posibilidad de generar los acuerdos pertinentes, es la composición política de cada una de las Cámaras; la numerosa presencia de diputados y senadores pertenecientes al PAN puede facilitar el alcance de consensos, amén de la identidad que el actual presidente tiene con el partido político que lo llevó a su cargo, lo cual no sucedía con Vicente Fox, quien so pretexto de una sana distancia con el PAN, generó discordancias y alejamientos políticos que redundaron en una merma del poder presidencial.

Otro elemento importante es el cambio de las condiciones del otrora poderoso PRI, instituto político que ha visto reducida su presencia en ambas Cámaras, pero que a su vez podría capitalizar está situación, al estar en la posibilidad de convertirse en el fiel de la balanza para la toma de decisiones.

Contrario a lo que se vio en el sexenio anterior, hasta ahora las iniciativas presentadas por el ejecutivo federal han prosperado, e incluso se cuenta actualmente con un presupuesto aprobado por todos los partidos políticos, hecho que no fue factible bajo el mandato de Fox, circunstancia que puede ser indicativa de una relación con menores complicaciones que la sostenida por el mandatario anterior.

En consecuencia, al presentarse otros factores favorables a la gestión de Calderón que van a permitir la consolidación del PAN como primera fuerza política, encontramos un escenario positivo para la relación entre estos poderes, aunque no debemos perder de vista los hechos precedentes a la toma de posesión de Felipe Calderón y la actitud radical de ciertos sectores perredistas, los cuales pueden llegar a interferir en la búsqueda de acuerdos.

La democracia no se puede considerar como una meta cumplida al traducirse los votos en una silla de Los Pinos, en escaños o curules. La tarea democrática debe ser entendida por los ciudadanos que ocupan cargos de elección popular como una constante que caracterice su labor cotidiana; el poder popular no es la simple expresión de una voluntad a través del sufragio, de la que sólo se sabe que existe cada tres años, es proceso vital, ejercicio de libertades y voces que no se conforman.

La ruta hacia la democracia es agreste, alcanzar la meta representa evolucionar con la esperanza de heredar un México que se merezcan nuestros hijos; mejorar la vida también es incrementar la posibilidad de dar a nuestro país buenos mexicanos y virtuosos ciudadanos.