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Economía y política: un país en cara y cruz

lunes 12 de febrero de 2007, 08:33h

En España, la economía va muy bien. Afortunadamente, porque la política, va fatal. ¿Es razonable que se den ambas condiciones de manera simultánea? No es razonable, pero con toda evidencia es posible. El alineamiento sectario e irreflexivo, la política de confrontación –con los míos, con razón o sin ella– no es cosa nueva por estos pagos, “tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín”. Independiente, o centrista, o moderado que naces a España, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. No era así desde 1975. No lo fue siquiera cuando la mayoría absoluta de 2000 trastornó el buen sentido de Aznar. Lo ha vuelto a ser, como desagradable revival de los años treinta, desde 2004.

Se ha retrocedido del diálogo y el consenso al grito, la exclusión y el insulto. ¡Qué nivel, mendaz y de encefalograma plano, el mitin de Rodríguez Zapatero en Sevilla! Y al otro lado ¡qué cosas dicen algunos dirigentes del PP, precisamente los sobrados de motivos para ser más prudentes! Ni en el Parlamento, ni en los medios de comunicación, ni en los foros, ni en las calles, los políticos intercambian ya razones, sino descalificaciones, insultos y denuestos. No importa la verdad, sino el daño al adversario. No convencer, sino vencer. Si Unamuno levantase la cabeza seguramente pensaría que esta España de nuestro amor y nuestras desdichas está condenada a volver una y otra vez en espiral regresiva sobre sus demonios históricos.

Y sin embargo, somos el octavo país más rico del mundo. Desde 1994, y de manera espectacular desde 1996, nuestra economía crece y crea empleo a mayor velocidad y con mejor ritmo que cualquiera de los demás países de la Unión, incluso los que son más ricos que nosotros, como Alemania, el Reino Unido y Francia. Vivimos una oportunidad histórica y quizá irrepetible de España –una vez más conviene recordar que España no es otra cosa que los españoles–, y esta oportunidad puede perderse en el sorprendente retorno, por el túnel del tiempo, a los peores escenarios políticos de antes de la reconciliación nacional.

¿Pero qué terrible virus ha infectado la política de este país? ¿Cómo es posible que un político y profesor como Javier López Royo, que ha escrito, desde su posición de izquierdas, tantas cosas inteligentes y razonables, publique algo tan infame como el artículo en el que pretende identificar un suceso del normal funcionamiento del Tribunal Constitucional nada menos que con un “Golpe de Estado”, sólo y sin otras razones, porque la decisión no le gusta?

Quienes somos favorables a la arquitectura plurinacional y plurirregional del Estado, a lo que se llamaba, durante los luminosos años de la transición, la “nación de naciones y regiones”, creemos que ese modelo, bien construido y trabajado, es una edificación viable sobre la piedra maestra de convivencia plural que es la Constitución de 1978, y desde luego compatible con la unidad del Estado y con la unidad de mercado que conviene a los intereses de las empresas españolas en los mercados globales. Desconozco las motivaciones del recurso del PP, pero los modelos institucionales y administrativos concretos que articulen el carácter plural, incluso plurinacional, del Estado tienen que ser constitucionalmente compatibles. Valorar esto, y la adecuación o no del muy respetable magistrado Pérez Tremps para participar en la decisión de este tema concreto, corresponde al Tribunal Constitucional, que ha decidido apartarle por razones que, a vista de profano, parecen de peso. Claro que puede producirse una “operación política que se asemeja a un golpe de Estado”, pero es en el sentido contrario al que enarbola el señor Pérez Royo. Si el magistrado Pérez Tremps opta por dimitir como miembro del Tribunal Constitucional, para que el Gobierno pueda sustituirle por otra persona políticamente afín o dócil, desde luego que estaríamos ante una “operación política que se asemeja a un golpe de Estado”.

Ya se, ya se que para algunos, como los dirigentes del PSOE más alineados con Rodríguez Zapatero y también para un grupo radical de los dirigentes del PP, en política todo vale con tal de que conduzca a los objetivos deseados. Pero ese es un entendimiento perverso de la política. Es lo contrario de lo que se propusieron las buenas personas y excelentes políticos que, desde la derecha y desde la izquierda, impulsaron la reconciliación nacional e hicieron una transición política tan admirable que llegó a convertirse en ejemplo global.

En cualquier caso, Catalunya es una comunidad moderna y abierta, dinámica e innovadora, que merece los máximos techos constitucionales de autogobierno. Y esto debiera admitirlo y proclamarlo el PP, aunque sólo fuera para poner a Rodríguez Zapatero en su sitio. El PP no tiene por qué estar, ni debe hacerlo, contra la culminación del modelo autonómico que fue la palanca del consenso de la Constitución de 1978. Y no estar en contra significa aceptar sus desarrollos, incluso favorecerlos, mientras no exceden el amplio y confortable marco constitucional. Que el modelo es viable, y favorecido por la globalización de la economía, lo demuestra no sólo Catalunya, sino también, por ejemplo, Galicia. ¿Quién podía imaginar, sólo unos pocas décadas atrás, que una comunidad periférica, aislada y empobrecida llegaría en 2006 a liderar el crecimiento industrial por Autonomías, hasta el punto de doblar la media española? Pues ahí está.

Como el pasado viernes subrayaba con orgullo el presidente Emilio Pérez Touriño, en un desayuno de trabajo con muchos de los principales empresarios gallegos o con intereses en Galicia, organizado por la asociación de empresarios gallegos en Madrid, Galicia ha conseguido ese impresionante ritmo de crecimiento industrial al mismo tiempo que lograba, el pasado año, crecer el 45% en el sector servicios, recuperar los mejores niveles turísticos, crecer el 26,5% en la exportación e incluso el 15% en el comercio al por menor. Así ha podido crear Galicia, sólo en 2006, nada menos que 33.000 nuevos empleos. Es un crecimiento sostenido y sostenible, que empezó a gestarse en los años de Fraga, como no tiene inconveniente en reconocer el actual presidente, el socialista Emilio Pérez Touriño, legítimamente satisfecho de poder demostrar que ha aprovechado y mejorado de manera espectacular el impulso de su predecesor y adversario político. El desarrollo del modelo autonómico ha sido muy positivo para Galicia.

Y es que la política tiene pocos misterios. Cosa diferente es que tenga muchos oscuros entresijos, tan complicados que son difíciles de recorrer incluso por los fiscales y jueces, que tienen medios para ello. Pero esa es otra cuestión. Como el terrorismo, la corrupción –un serio problema de la España de hoy– es cosa que conviene dejar en manos de la policía y los tribunales. No es decente negociar con los terroristas por unas migajas de tregua, como ha hecho Rodríguez Zapatero, ni es prudente hacer de la corrupción argumento contra el desarrollo competencial del modelo autonómico. Cierto que, con este desarrollo las tentaciones se concentran en el nivel de las administraciones autonómicas, pero siempre será cosa de personas y no de modelos. En los partidos, de cualquier signo, hay de todo.

Da la sensación de que, en conjunto, tenemos mejores empresarios que políticos. En cuanto Rodrigo Rato habilitó condiciones adecuadas para la actividad empresarial, la economía española dio un gran salto adelante. Ha bastado con que Pedro Solbes mantuviera la línea de política económica para que España siga creciendo sólidamente en riqueza y empleo. Ambos políticos, el popular Rato y el socialista Solbes, tienen un excelente nivel de diálogo con los empresarios. Ambos saben muy bien que, como advertía el político del “milagro económico alemán”, Ludwig Erhard, y dejó escrito en su espléndida monografía sobre la Economía Social de Mercado, “no se puede negar la conexión inmediata entre actividad empresarial, bienestar y seguridad social”, y por eso pedía a los empresarios que venciesen su escaso interés en participar activamente en política, porque “con sus conocimientos específicos podrían hacer más adecuada la legislación, siempre y cuando tuvieran el valor cívico de decir verdades incómodas”.

La ocasión es excelente. Ha sido suficiente con que tuvieran escenarios mínimamente razonables para que los empresarios españoles demostrasen una asombrosa capacidad de iniciativa y eficiencia en los mercados globales. Es comprensible que no les apetezca asumir protagonismos políticos directos, máxime en una coyuntura tan degradada de la vida política, pero no deben ser esquivos a opinar con claridad y firmeza, para orientar a la ciudadanía.

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