Constitución, crisis y reforma

España vive una crisis política cuyo alcance, lejos de ser coyuntural, incluye una dimensión institucional que la hace aún más grave. Se ha producido un profundo desajuste entre la realidad de la sociedad española, que en los últimos años ha vivido una transformación sin precedentes, y el edificio constitucional que desde finales de los 70 sirvió como marco de convivencia y desarrollo de un país que había dejado atrás 40 años de dictadura para convertirse en una democracia avanzada.

La crisis territorial y los cambios en prácticamente todos los ámbitos de la realidad española -desde los económicos y tecnológicos hasta los sociales- han puesto en evidencia insuficiencias y anquilosamientos institucionales que exigen una profunda renovación política.

Estamos en un cambio de época (que es mucho más que una época de cambios) que no admite ensimismamientos. La crisis económica ha acelerado otras dinámicas de crisis, sobre todo en el terreno de la política, hoy amenazada por la desafección ciudadana y la consiguiente pérdida de legitimación.

Con este panorama, o actuamos con rapidez y profundidad o las democracias representativas se instalarán en un pronunciado y peligroso declive. Para hacer frente a la percepción ciudadana de que la política ha perdido terreno frente a los poderes económicos y financieros, la respuesta solo puede venir de la mano de un fortalecimiento de la política y de los derechos fundamentales.

Los socialistas hemos dedicado muchas horas a analizar lo que está ocurriendo y cómo evitarlo; el fruto de esta reflexión es nuestra oferta de reformas, que necesariamente ha de comenzar por el edificio sobre el que se asienta la convivencia: la Constitución de 1978.

Hemos propuesto al Gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas debatir sobre todo un catálogo de reformas constitucionales que se pueden sintetizar en tres ejes fundamentales: la incorporación de instrumentos que protejan el Estado de Bienestar -cuyos elementos nucleares no pueden estar sujetos a la discrecionalidad de las mayorías políticas-, la ampliación de los derechos fundamentales y la reforma de la estructura territorial del Estado.

El objetivo es mejorar nuestra democracia, adecuarla al paso del tiempo antes de que la distancia entre los ciudadanos y sus representantes se haga insalvable. Y esta es también nuestra responsabilidad, que la política sirva para gestionar mejor los intereses públicos.

El PSOE ha sido un actor fundamental en los cambios operados en nuestro país desde la misma recuperación de la democracia, los ha liderado desde el Gobierno y hemos acompañado desde la oposición aquellos que hemos considerados importantes. Ahora estamos proponiendo un nuevo proyecto de renovación institucional que renueve los pilares de nuestra democracia y que comienza por nuestra Constitución. Esa es una tarea que consideramos inaplazable y urgente. No existe ninguna razón que justifique el inmovilismo en una democracia consolidada.

 
[*] Elena Valenciano es Vicesecretaria General del PSOE