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caso Nóos

La Agencia Tributaria (AEAT), personada como acusación particular en el caso Nóos, ha acusado al juez José Castro de "quebrar" el principio de igualdad establecido por la Constitución en su artículo 14, al no aplicar la Ley del Impuesto sobre No Residentes en la operación de venta del palacete de Pedralbes -lo que le permitiría a Hacienda obtener un 3 por ciento de la operación-, normativa que en este caso el fisco tilda de "no igual para todos".

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La portavoz del gobierno valenciano, María José Català, ha recordado este martes, respecto a la situación judicial del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que la línea roja del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, establece que "no es compatible el escaño con el banquillo". Estas declaraciones llegan después de que la Audiencia de Baleares ratificara que Grau debe sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Nóos. Por su parte, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá ha evitado ser tan condundente y ha defendido que Grau "haga lo que crea conveniente".  

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears se pronuncia sobre la petición del juez Castro para continuar activo tras su jubilación: "La solicitud no se adecúa a lo previsto en los arts. 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 258 del Reglamento 2/2011 de la Carrera judicial, que contemplan la prolongación de funciones judiciales como magistrado emérito exclusivamente para "formar Sala" como magistrado suplente en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales", se argumenta en el documento.

Pese a haber solicitado "tarde" la autorización y haber sido 'regañados', los duques de Palma podrán vender el palacete de Pedralbes tras haber logrado el consentimiento del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro.

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 3 de Palma pidiendo autorización para vender su casa de Pedralbes. Asimismo, la infanta Cristina ha presentado otro escrito adhiriéndose a esa petición. Hace unos días, el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, reprochó a los duques que no le hubieran pedido el permiso ante la noticia filtrada a la prensa de que ya habían apalabrado su venta.

Los duques de Palma podrían haber alcanzado un principio de acuerdo verbal a finales de diciembre para vender el palacete de Pedralbes por unos 6 millones de euros, según adelantaba la cadena Ser a primera hora de este miércoles. 

La infanta Cristina se sentará finalmente en el banquillo como imputada por dos delitos fiscales en el caso Nóos y las voces que piden que la hermana del Rey se aparte de la línea sucesoria se han incrementado. Sin embargo, no hay una postura compartida por los dos grandes partidos sobre su papel con respecto a la Corona. "Sí creemos que la Casa Real debe reflexionar sobre la necesidad de hacer renunciar a los derechos sucesorios a la infanta Cristina", manifestó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Diariocrítico. Sin embargo, el PP insiste en esperar a la sentencia antes de pedir a la infanta la renuncia a línea real.

La Casa Real ha expresado su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial", tras conocerse esta mañana la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, de sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, informaron fuentes de Zarzuela.

Después del escrito registrado por la Fiscalía Anticorrupción en el que se defiende que la infanta Cristina no tiene responsabilidad penal en el marco del caso Nóos, y pese a que el juez Castro considera que la hermana del rey no está en la posición de indefensión que apunta la Fiscalía, el abogado de la infanta, Miquel Roca, ha anunciado este miércoles que su despacho ya ha presentado la petición de sobreseimiento para su cliente ante el juez de Instrucción número 3 de Palma.

> Abrirá juicio oral en próximas semanas

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, dictará en próximas semanas el auto de apertura de juicio oral contra los acusados del caso Nóos, en el que resolverá además si envía al banquillo a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales o, por el contrario, archiva definitivamente su encausamiento.

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La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado enviar a juicio al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, tras estimar el recurso de apelación que interpusieron los concejales socialistas en el Ayuntamiento contra el auto con el que el juez José Castro excluyó al alto cargo del PP de entre los acusados que se sentarán en el banquillo por el caso Nóos.

Tras conocerse que el juez Castro ha autorizado a los duques de Palma la venta del palacete de Pedralbes, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha explicado este jueves que el marido de la infanta seguirá teniendo problemas económicos aunque finalmente se venda el inmueble, y ha añadido que el ex jugador de balonmano está buscando trabajo.

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca ha comentado hoy que la duquesa de Palma está "disgustada" por tener que vender su casa de Pedralbes, "porque no deja de ser algo -ha dicho- sobre lo que había depositado ilusiones".

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha señalado este viernes que la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, aún no le han pedido autorización para vender el palacete que el matrimonio posee en el barrio barcelonés de Pedralbes. "A mí todavía no me han pedido nada", ha apuntado a su llegada a los Juzgados de Vía Alemania de Palma.

Miquel Roca Junyent (Burdeos, 1940) no fue elegido por el Rey Juan Carlos para defender a su hija Cristina por casualidad. Roca era la mejor opción por dos motivos: su prestigio como jurista al haber sido uno de los artífices de la Constitución y su influencia política fruto de una trayectoria que arrancó en los años 70 y desembocó en uno de los despachos mejor relacionados de Barcelona.

El juez José Castro ha culminado más de tres años de investigaciones en torno a la Infanta Cristina sentándola en el banquillo como acusada de dos delitos fiscales. Su nombre nombre apareció en el foco de las investigaciones del caso Nóos a finales de 2011, prácticamente desde el momento en que la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon -mercantil de la que la Duquesa de Palma es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin- como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca ha asegurado este fin de semana que la hermana del rey tiene previsto pagar esta semana de los casi 600.000 euros que la Fiscalía le reclama por su responsabilidad civil en el caso Nóos.

Mientras la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que solicita archivar la imputación de la infanta Cristina, sobre quien pesan dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos, que a su juicio se sitúa en una "posición de indefensión", el juez instructor, José Castro se ha desmarcado de este argumento y ha manifestado que "nunca" ha pensado que la esposa de Iñaki Urdangarin esté en esa posición, y aunque no ha avanzado la fecha en la que dictará el auto que abra juicio oral en la causa y resuelva si la hermana del rey Felipe VI se sienta o no en el banquillo, ha asegurado que será "lo antes posible".

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha criticado este martes que la Fiscalía pide demasiados años de prisión a su defendido, y ha señalado que "parece que fuera un delito de sangre, como si fuera un asesinato".