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Hacienda

La respuesta es no. Y ello puede envenenar más la ruptura virtual de relaciones entre su "club para toda la vida", como declaró Cristiano Ronaldo en repetidas ocasiones respecto al Real Madrid, y el propio equipo blanco tras dejar caer el portugués su enfado por no defenderle lo suficiente de sus problemas con la Agencia Tributaria. Hasta el punto de que el portugués deja caer la amenaza de no seguir vistiendo de blanco. Pero Florentino Pérez, a pesar de que Cristiano es su 'niño bonito' no está dispuesto a pagar la teórica multa de 30 millones que le puede caer al hasta ahora su protegido.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que Cristiano Ronaldo podría entrar en prisión por cuatro delitos fiscales, tres de ellos agravados, después de que este martes la Fiscalía haya denunciado al futbolista por presuntos delitos contra la Hacienda Pública en el Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) de 2011 y presuntos delitos fiscales agravados de 2012 a 2014.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, podría tener los días contados tras su última polémica: la referente a la sociedad familiar radicada en un paraíso fiscal. Los Técnicos de Hacienda reclaman una investigación a la Agencia Tributaria y el propio Moix ha asegurado que no tiene interés por aferrarse al cargo.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años y medio de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública impuesta a un hombre dedicado a negocios de prostitución en Madrid, Saleh Abdelkader Kasim Kas, que ocultó al fisco más de 8,5 millones de euros de beneficios de dichas actividades en los años 2007, 2008 y 2009.

La rebaja fiscal que comenzó a aplicarse en 2015 provocó que los ingresos tributarios de ese año, en el que el déficit público se desbocó hasta el 5% desde el 4,2% del PIB comprometido, se quedarán cortos en 4.100 millones de euros respecto a lo presupuestado, de acuerdo con el Informe Anual de Recaudación Tributaria de 2015.

> Les devuelve más de 3 millones de euros

La Agencia Tributaria ha devuelto los 3,14 millones de euros que pagaron Javier, Carlota y Carlos Areces Galán, tras "estimar totalmente" los recursos presentados de reposición por los hermanos tras ser incluidos por error en la lista de morosos el 22 de noviembre del año pasado, según han informado los afectados en un comunicado.

> Sólo aprecia una discrepancia sobre la forma en que se tramitaron las regularizaciones

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la 'amnistía fiscal' aprobada por el Gobierno en 2012. Pese al duro revés jurídico, desde Hacienda prefieren ver la botella medio llena y negar que la polémica medida tributaria haya sido anulada. Es más, el número dos del ministro Cristóbal Montoro sostiene que el Constitucional ha avalado la norma fiscal aprobada por el ejecutivo.

Los ingresos tributarios volvieron a desviarse en 2016. En concreto, tributos como el IRPF y Sociedades lastraron en 7.271 millones de euros los ingresos del Estado. Así, en los últimos diez años las previsiones de ingresos del Gobierno se han desviado en 86.411 millones, un desacierto 4,8%, según resaltan los Técnicos de Hacienda (Gestha) con motivo del debate parlamentario sobre los Presupuestos de 2017 que comienza este miércoles.

> Hacienda pasa de las amenazas a dar el visto bueno en su web

El Ministerio de Hacienda indica en su plataforma electrónica que el Ayuntamiento de Madrid sí cumple con la regla de gasto en referencia a la liquidación del presupuesto de 2015, de modo que contradice así los requerimientos enviados al Consistorio hace cuatro días.

> La Generalitat estudia denunciar a la Junta Electoral la medida por "electoralista"

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha autorizado el pago este jueves de 3.772,77 millones de euros a proveedores de nueve comunidades autónomas que tienen facturas pendientes de cobro. Parte del dinero procede del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sobrante de 2015, que no se utilizó, y que el Ministerio reparte ahora. Una medida que ha sido tildada de electoralista por la Generalitat valenciana que estudia denunciar la medida ante la Junta Electoral Central.