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ley de memoria histórica

> Se impulsan las exhumaciones, se anulan sentencias del franquismo y se ilegaliza la Fundación Franco

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha amenazado al PP con vetar los Presupuestos en Andalucía si incluyen partidas que financien la lucha contra la violencia de género o la memoria histórica.

La Abogacía del Estado ha reclamado la recusación del juez José Yusty Bastarreche, que paralizó la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, por su animadversión manifiesta a la ley de Memoria Histórica.

Vox presidirá la comisión parlamentaria de Cultura y Patrimonio Histórico con competencias en Memoria Histórica, sobre las que la formación de ultraderecha pretende acabar.

> Suárez Illana presidirá una nueva fundación de la Transición

El Partido Popular ha avanzado que impulsará una proposición de ley de Concordia que reivindique la Transición y derogue la vigente ley de Memoria Histórica. Asimismo, su presidente, Pablo Casado, ha anunciado que Adolfo Suárez Illana presidirá una nueva fundación llamada 'Concordia y Libertad' para rendir tributo a esta etapa de la historia de España.

La convocatoria de exaltación franquista que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Valle de los Caídos fue ilegal atendiendo al artículo 16 de la propia ley de Memoria Histórica. Sin embargo, la policía no actuó para disolver a los centenares de personas que reivindicaron la dictadura.

Los tribunales han emitido una cuarta sentencia contraria a retirar nombres franquistas del callejero de Madrid en virtud del cumplimiento de la ley de Memoria Histórica.

El Gobierno ha confirmado que no ha autorizado la consulta popular sobre la retirada de los símbolos franquistas en el ayuntamiento de Pontecesures (Pontevedra), pero tampoco actuará en su contra. En su lugar, defiende que debe ser el Ministerio Público quien actúe si lo considera pertinente.

> El centro-izquierda, con el apoyo de Ciudadanos, saca adelante esta proposición no de ley
> No es de obligado cumplimiento y el Ejecutivo del PP ya adelantó que no la cumplirá

El Pleno del Congreso ha aprobado la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica que pide al Gobierno, entre otras iniciativas, la la exhumación de los restos del dictador Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, la creación de una Comisión de la Verdad, y la declaración del 11 de noviembre como Día de las Víctimas del Fascismo.

El PSOE atraviesa una crisis de identidad, que estalló a finales de septiembre y continúa a día de hoy. Por un lado, apoyan iniciativas parlamentarias y propuestas de partidos de izquierda como Unidos Podemos, al mismo tiempo que mantienen vivo el bipartidismo sirviendo de bombona de oxígeno al PP. Una de las principales contradicciones en las que se ha sumido el partido tiene que ver con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, uno de los caballos de batalla de nuestra Democracia. El mismo PSOE que defiende la necesidad de impulsar la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero, mediante propuestas como la creación de una Comisión de la Verdad en el Congreso, es también el partido que blinda con el PP y C’s la reforma de la Ley de Amnistía de 1977, y el que evita asistir a la reunión de Amnistía Internacional con los portavoces de la Comisión de Justicia. “Vemos esa contradicción del PSOE y nos preocupa. Hemos pedido una reunión con ellos, y la tendremos en enero, pero desde ya les transmitimos esta incongruencia”, ha manifestado a Diariocrítico el investigador de Amnistía Internacional, Ignacio Jovits.

La decisión unilateral de Manuela Carmena de iniciar el derribo de los monumentos franquistas de la capital en virtud de la ley de Memoria Histórica no ha gustado nada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Así lo ha manifestado este martes la popular que ha avanzado que la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid abrirá diligencias previas para evaluar si la actuación del Ayuntamiento de Madrid podría ser constitutivo de delito, en cuyo caso se remitiría a la Fiscalía.

El Ayuntamiento de Madrid ha subrayado su compromiso en dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en el callejero de la ciudad y asegurado que se cambiarán aquellos nombres de vías y espacios de la urbe, dentro de un modelo participado, que no respondan a esta normativa.

El abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, presentará este miércoles una denuncia contra 38 alcaldes españoles, entre ellos la regidora de Madrid Ana Botella, por un supuesto delito de desobediencia que habrían cometido al vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología franquista.

Se debatirá en Comisión la próxima semana

· A pesar del acuerdo en ponencia y calendario hay discrepancias entre los grupos

El proyecto de ley de ampliación de derechos a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, conocido como de Memoria Histórica, se debatirá en la Comisión Constitucional la próxima semana y se aprobará en el Pleno del Congreso a final de mes, según el calendario fijado en la tarde de este miércoles en la primera reunión de la ponencia parlamentaria encargada de informar de la ley.

El juez que paralizó la exhumación de Franco se aparta temporalmente del caso hasta que se resuelva la recusación planteada por la Abogacía del Estado. José Yusty Bastarreche habría firmado textos contrarios a la ley de Memoria Histórica.

> También descalificó al gobierno de Carmena y se adhirió a un manifiesto antisecesionista

El juez de lo Contencioso Administrativo José Yusty Bastarreche que paralizó de forma cautelarísima la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos era ya conocido desde hace tiempo por su fuerte ideología conservadora. Hijo de un almirante franquista acusado de crímenes de guerra, el magistrado ya había cargado públicamente contra la ley de memoria histórica, el gobierno de izquierdas del ayuntamiento de Madrid y se unió a un manifiesto contra el secesionismo catalán.

Después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy redujese a 0 la partida destinada a la aplicación de la ley de memoria histórica, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que dedicará 15 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado a esa partida. Esta decisión llega en un momento de debate ya que el PP y Vox han pactado en Andalucía la derogación de esta ley.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha enviado una carta a los obispos de todas las diócesis españolas y al Papa Francisco en el Vaticano, en la que les pide implicación en la desaparición de toda clase de simbología franquista que pueda continuar en los templos de su demarcación, dando instrucciones a los responsables de cada parroquia para que cataloguen su existencia y las retiren “algo que a buen seguro será agradecido por muchos ciudadanos”, reza el comunicado.

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que revisará el decreto ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros para la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Cosidó asegura que comprobarán si el decreto cumple con la legalidad, tras haber acusado al Gobierno de haber intentado "modificar la ley por la puerta de atrás, de la misma forma que llegó a la Moncloa por la puerta de atrás".

Los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano previsiblemente serán exhumados de la basílica de la Macarena en Sevilla para cumplir con la ley de memoria histórica, pero no se sabe ni cuándo ni cómo.

El PP de Córdoba ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar que se cambie el nombre a 15 calles en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Si bien su propuesta de celebrar una consulta popular sobre este asunto ya fue tumbada en el Pleno, los populares han salido a la calle para reivindicar su 'referéndum' y presionar al consistorio para que cambie de opinión.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no ley que insta al Gobierno a investigar a la Fundación Francisco Franco (FNFF) por alentar el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Esta proposición, presentada por Unidos Podemos, fue apoyada por la mayoría de grupos parlamentarios, excepto el PP, que votó en contra y Ciudadanos, que se abstuvo. Diariocrítico ha contacto con el ex vicepresidente Ejecutivo de la FNFF y portavoz en asuntos de Memoria Histórica, Jaime Alonso, que considera que esta proposición “denota la inutilidad del Parlamento”. Sobre la postura del PP y Ciudadanos, Alonso asegura que no es ninguna sorpresa sino algo “esperado en gente sin principios, sin valores y sin conocimiento de la Historia”.

> Rivera diferencia el "derecho" de enterrar a los muertos del debate sobre los símbolos franquistas

Ciudadanos y la Ley de Memoria Histórica, una relación no siempre clara que ha llevado al partido de Albert Rivera a abstenerse en votaciones sobre este tema. El argumento utilizado por el presidente de la formación ya en el Parlament catalán era advertir de la "politización" de esta norma. "No debe ser un debate tanto de salón, sino un debate de derechos", comentó Rivera este mismo sábado al ser preguntado sobre la recuperación de los muertos de las cunetas y las fosas.

La Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha remitido una diligencia a las Cortes regionales para que, en el plazo de cinco días expida certificación respecto a si sigue siendo aforada como diputada o es senadora, con motivo de una denuncia del PSPV contra ella por mantener menciones y símbolos franquistas en edificios de la ciudad, frente a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.

El título le fue concedido al dictador en 1942, y tras años de lucha, desde que en 2007 se aprobara la Ley de Memoria Histórica y los grupos de la oposición presentaran la moción para su retirada, hoy por fin el ejecutivo de Rita Barberá ha aprobado la retirada de tal distinción.

Pese a la reclamación de IU basada en la Ley de Memoria Histórica

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Guadalajara contra la sentencia dictada en septiembre de 2011, en la que se estimaba parcialmente un recurso contencioso-administrativo presentado por el Grupo Municipal de IU.