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Presos de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha defendido en su cuenta personal en Twitter su decisión de no prohibir la reunión celebrada este sábado en Durango (Vizcaya) en la que participaron etarras excarcelados tras la anulación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot.

Aceptan "toda su responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto"

Los más de 60 etarras excarcelados tras la anulación de la doctrina Parotexigieron ayer en Durango la "amnistía" de sus compañeros que permanecen en prisión y el reconocimiento del "derecho a decidir" del pueblo vasco como condición para la solución del "conflicto político" de Euskadi. En un comunicado leído por José Antonio López Ruiz Kubati -condenado a 1.210 años de cárcel, de los que cumplió 26, por 13 asesinatos- proclamaron su "compromiso total" con las vías políticas defendidas por la izquierda abertzale y se sumaron al comunicado emitido el pasado 28 de diciembre por el Colectivo de Presos Políticos Vascos, en el que los reclusos de ETA rechazaban la violencia, reconocían el daño de sus acciones y aceptaban la legalidad penitenciaria española para lograr excarcelaciones de forma "escalonada" e "individual".

Aunque pide a la policía que evite el enaltecimiento

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha denegado este sábado, tal y como le había solicitado la Fiscalía, la solicitud de prohibición de la asociación Dignidad y Justicia en relación con el acto convocado en Durango (Vizcaya) en el que está previsto que participen miembros de ETA excarcelados tras la anulación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado de "repugnante" y "deleznable" el acto convocado este sábado por el colectivo de expresos de ETA que han salido de la cárcel tras la anulación de la 'doctrina Parot', pero ha recalcado que es el juez el que tiene la "última palabra" en relación con la prohibición o no de esta reunión que se celebrará en un matadero de la localidad vizcaína de Durango.

El portavoz popular defiende la actuación del Ejecutivo en la 'doctrina Parot'

Año nuevo, vida vieja. Al menos en lo que afecta a las medidas sobre los presos etarras, que el Gobierno no piensa variar ni un ápice. Aunque sea a través del portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando como lo haga público e insista en mostrarse contrario a que el Ejecutivo tenga que cambiar su política penitenciaria, porque considera que el Estado democrático y de Derecho no puede moverse "al socaire" del interés de la banda terrorista ETA.

> Los etarras se encuentran en nuestro país, Francia, Inglaterra, Irlanda y Portugal

ETA finaliza este año 2013 con un total de 506 presos repartidos a lo largo de cárceles españolas y francesas. Esto supone cerca de un 30 por ciento menos de reclusos terroristas que hace cuatro años cuando en diciembre de 2009 había un total de 740 internos de la banda en centros penitenciarios de ambos países.

Aceptan "toda su responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto"

Expresos de ETA excarcelados en aplicación de la derogación de la 'doctrina Parot', así como puestos en libertad con anterioridad, han aceptado "toda su responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto" y han advertido de que "la solución al conflicto vendrá del desarrollo de un planteamiento integral, atendiendo a la misma raíz política, que se debería concretar en el derecho a decidir que tiene el pueblo vasco".

- Denuncian "el inmovilismo" del Gobierno de Rajoy

Los más de 60 reclusos de ETA excarcelados en aplicación de la derogación de la 'doctrina Parot' --entre ellos Inés del Río o José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati'-- y los 25 integrantes de la comisión de interlocutores del EPPK denunciarán este sábado en Durango "el inmovilismo" del Gobierno de Mariano Rajoy y mostrarán su "unidad" ante el comunicado hecho público el pasado sábado por el Colectivo de Presos de ETA.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso José Antonio Bermúdez de Castro ha confiado en que finalmente no se celebre el acto de presos de ETA convocado para el próximo sábado en Durango (Vizcaya), aunque ha recordado que prohibirlo está "en manos de la Fiscalía y de los jueces".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree necesario conocer "el alcance de las consecuencias prácticas" del comunicado del Colectivo de los presos de ETA, en el que reconoce el "sufrimiento y daño multilateral generados" y señala que podrían aceptar su excarcelación mediante "cauces legales". Además, ha pedido que se sigan dando "pasos firmes y lo más rápidos posibles" para consolidar la paz y ha destacado la necesidad de la ponencia parlamentaria en la que participen "todos".

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El comunicado de los presos de ETA anunciando una 'rendición', significa el fin del final de una importante brecha penitenciaria abierta por Pérez Rubalcaba cuando fue ministro del Interior con Zapatero, y por su 'brazo ejecutor' en Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, a partir del otoño de 2008. Este proceso se inició con una sonada ruptura dentro de las filas del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK); una ruptura que tuvo, por sí misma, una gran importancia en el escenario de la izquierda abertzale y que ha conducido a este previsible escenario. Así se inició todo, tal y como se cuenta en el libro "El Zapaterato. La negociación. El fin de ETA".

Comunicado de EPPK

> A lo que la Ley les obliga para ser excarcelados: romper con la banda, pedir perdón y colaborar con la Justicia

Los presos de ETA se han convertido repentinamente en los protagonistas de la actualidad. Quieren salir de prisión, está claro, ante el fin de ETA. Pero... ¿pueden?. La legislación actual les obliga a romper con la banda, pedir perdón a sus víctimas o colaborar con la Justicia para ser excarcelados, unos requisitos que van más allá de la asunción genérica del "sufrimiento y el daño multilateral generado" expresada en su último comunicado. La única competencia exclusiva del Gobierno al margen de la intervención de jueces y fiscales es decidir el centro penitenciario en el que los presos deben cumplir su pena.

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