En Reforma, aumenta la protección a los jueces

El Universal -Corte: hubo violaciones en Atenco; indaga causa-. Informa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los agentes que participaron en los operativos realizados en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, incurrieron en "graves violaciones" a los derechos humanos de pobladores. El diario señala que el máximo tribunal decidió dar por sentada la existencia de abusos, por lo que la comisión investigadora se dedicará únicamente a descubrir las causas y a los responsables de estos hechos, para recomendar a las autoridades, de ser necesario, la aplicación de sanciones. El Universal  narra que los ministros llegaron a la conclusión de que existieron abusos, de acuerdo con las pruebas presentadas por la abogada de algunos de los habitantes de Atenco, Bárbara Zamora, consistentes principalmente en videos y fotografías de los hechos. Sin embargo, de manera especial, la Corte se basó en la investigación que realizó sobre este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Jornada -Cobijo oficial a Minera México: Gómez Urrutia-. Publica que el líder Minero, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que hubo ''complicidad abierta'' y nexos hasta de tipo económico entre el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz y el Grupo México, para proteger al consorcio y que no enfrentara su responsabilidad en el accidente de la mina Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 trabajadores en febrero de 2006. En entrevista telefónica con este diario, Gómez Urrutia afirmó que Salazar Sáenz es proveedor de Grupo México por conducto de dos empresas, por lo que cobijó a este consorcio en la tragedia en lugar de atender a los deudos. La Jornada añade que el lider minero hizo referencia sobre su situación jurídica en donde indicó que es mentira que se haya solicitado su extradición a Canadá, "pero que lo hagan, lo único que va a pasar es que el gobierno se va a exhibir una vez más, porque no va a poder sostener sus acusaciones'', le asegura al diario.

Reforma -Escudan a jueces federales-. Publica que el Poder Judicial de la Federación intensificó la protección de los jueces federales que atienden los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, ya que en los últimos meses, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) gastó más de 30 millones de pesos para reforzar la seguridad de los impartidores de justicia y sus instalaciones, y blindar sus vehículos. Según registros oficiales, que reproduce el diario, el órgano de administración judicial invirtió el 29 de diciembre 16.4 millones para comprar equipo de seguridad destinado a los juzgados en Toluca, Edomex, y Puente Grande, Jalisco, en donde despachan los jueces federales a cargo de procesos contra la delincuencia organizada. Reforma señala que el equipo fue comprado a la empresa Ikusi-GS México, subsidiaria de la firma española del mismo nombre, especializada en electrónica y telecomunicaciones, la cual obtuvo, el 31 de octubre pasado, otro contrato de 5 millones de pesos para instalar equipos de seguridad en el edificio sede del CJF, ubicado al sur del DF.