"El tono, la actitud del actual Gobierno para conversar sobre estos temas es claramente constructivo", afirmó Vivanco, quien tuvo diferencias con el Gobierno del anterior presidente, Álvaro Uribe, por el respeto de los derechos humanos.
Una de las principales preocupaciones de HRW es el "surgimiento y crecimiento" de los nuevos grupos paramilitares, sucesores de los anteriores grupos de ultraderecha que se desmovilizaron durante el Gobierno de Uribe, pero muchos de ellos regresaron a las armas.
"Constituyen un problema realmente de la mayor importancia y pueden en el corto plazo transformarse incluso en un obstáculo serio para la implementación de algunos proyectos que promueve este Gobierno, como es por ejemplo la Ley de Tierras", agregó Vivanco en una rueda de prensa junto a Garzón.
Vivanco calificó como "muy positivo" el proyecto de Ley de Tierras, ya presentado por el Gobierno de Santos al Congreso y con el que se busca restituir unos dos millones de hectáreas en los próximos cuatro años a los desplazados y desposeídos por el conflicto.
"Hay un par de proyectos radicados en el Congreso que nos parecen muy positivos y que los apoyamos, como es la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras, y los esfuerzos y capital político de este Gobierno para avanzar en esa dirección, nos parece importante subrayar", indicó.
Garzón señaló al respecto que el presidente Santos ha sido reiterativo en señalar que "no se permitirá que la acción criminal de grupos armados ilegales, incluyendo las bandas criminales, mediante el terror, traten de sabotear el proceso relativo a la ley de restitución de tierras".
En las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado los grupos paramilitares se asociaron con terratenientes y ganaderos de varias regiones de Colombia para despojar de sus tierras a miles de campesinos.
Durante la reunión, Santos y Vivanco también hablaron del escándalo de las escuchas ilegales y espionaje por parte de la central de inteligencia DAS a opositores, magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos, incluido al propio dirigente de WRH cuando hacía visitas a Colombia durante el anterior Gobierno.
Además Vivanco destacó la necesidad de que se nombre en la Fiscalía a una persona idónea que realice investigaciones exhaustivas sobre ese escándalo y otros que salieron a la luz en el Gobierno de Uribe como los "falsos positivos", como se conocen las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes y campesinos que eran presentados por militares como guerrilleros abatidos en combate.
"Mi preocupación está centrada en que el nuevo fiscal debe contar con las credenciales, con los antecedentes, con la credibilidad y la independencia que requiere un cargo de la importancia de esa institución", subrayó Vivanco.
El vicepresidente colombiano dijo además que en el encuentro se reiteró la voluntad que tiene el Gobierno en una política de respeto integral de los derechos humanos y subrayó que se condenará cualquier amenaza de muerte o asesinato de activistas y dirigentes de organizaciones de derechos humanos.
"Es política del gobierno nacional, en cabeza del presiente, prestar todas las garantías y colaboración para permitir la actividad de los defensores de los derechos humanos, de los dirigentes sociales", puntualizó.
La visita del activista chileno comenzó el martes, cuando se reunió en privado con el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; la canciller Holguín y el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras.
Hoy lo hizo con Santos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para concluir con un encuentro con miembros de la sociedad civil.
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