¿Políticos de todo a cien?

jueves 27 de enero de 2011, 19:14h

Durante los últimos años, José María Michavila había sido uno de los candidatos permanentes al premio “diputado desconocido” que otorga cada Navidad la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Digamos que por su falta de adicción a los escaños. Sin embargo en ese tiempo ejerció como brillante abogado of counsell del exitoso bufete Eius, que entre otros asesora a alguno de los implicados en el caso Gurtel en Valencia y Boadilla del Monte. Michavila tiene clientes en varios países y sin duda que ingresa cuantiosas minutas por representar a artistas como Shakira. Pero sus señorías dijeron que su hiperactividad profesional no era incompatible con representar a los valencianos en el Congreso. Aunque el asunto cantaba tanto que el brillante letrado y absentista diputado se dio de baja en el Congreso hace poco más de un año. Pero durante años nadie pensó que fuera dispendio alguno que cobrara también en torno a los 4.000 euros mensuales de la Cortes. Ningún problema.

Tampoco hay problema, al parecer, para que Federico Trillo-Figueroa perciba todos los meses en torno a esa cantidad, como representante de los ciudadanos de Alicante, circunscripción por la que es diputado, aparte de lo que le haya correspondido como ex presidente del Congreso, y que mantenga, además, un bufete con sus hijos. Mal no le debe ir al denominado Estudio Jurídico Labor a juzgar por la compra de un inmueble de 400 metros cuadrados en el barrio de Salamanca de Madrid. O por minutas como la última que se conoce pasó al Partido Popular, por 70.000 euros, por asesorar también por el caso Gurtel.

¿Y quién que sea de posibles no va a estar dispuesto a pagar cuantiosas minutas para que le represente un Michavila? Si sabrá él de leyes y jueces que ha sido ministro de Justicia… O a un Trillo, muñidor, como factótum de los asuntos de justicia desde los escaños populares, de codiciados sillones en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Muchos de los colegas parlamentarios de ambos les miraban con cierta envidia, no siempre sana. Pero ahora son legión los que están dispuestos a amotinarse tras la última ocurrencia justiciera de Mariano Rajoy, jefe de filas de Trillo y Michavila, entre otros, sobre la revisión que propone de los complementos de pensiones de diputados y senadores. Porque para Rajoy el problema no ha estado ni está en las beneficiosas compatibilidades de las que han disfrutado estos dos insignes parlamentarios y como ellos unos cuantos más. El problema, al parecer, son los 730 euros de la pensión de Santiago Carrillo que paga el Congreso de los Diputados. En problema parecen ser las ayudas en el mismo sentido que reciben también otros 80 ex parlamentarios. Son 81 entre más de 3.600 que han pasado por las Cortes desde 1977 y su coste no sobrepasa el millón de euros de los presupuestos anuales del Congreso y del Senado. Son además cantidades que se extinguirán o se reducirán progresivamente: cada vez es más raro el parlamentario que no ha cotizado antes de ocupar el escaño o cuya cualificación profesional no le permitirá cotizar, cuando abandone el Parlamento, lo suficiente para optar a la pensión máxima, lo que hará innecesario cualquier complemento de pensión a cargo del presupuesto de las Cortes.

Pero el debate sobre lo que cobran los políticos es oportuno aunque se haya iniciado con demagogia y oportunismo por el líder de la oposición. Porque lo que ganan lo pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Justo en el momento en que nuestras aportaciones a Hacienda no dan suficiente como para que tengan alguna prestación cerca de un millón de parados. Y sin embargo son millones los profesionales que cobran del Estado, entre ellos los políticos que toman asiento en las Cortes. Hay que entrar hasta la cocina porque se están recortando prestaciones públicas por todos los lados y hay que cuestionarse cada euro que aportan los ciudadanos. Pongamos sobre la mesa sus sueldos, todos los sueldos: los que reciben en el Parlamento pero también los que reciben como altos cargos en sus partidos o como ex ministros o ex secretarios de Estado. Y sobre todo si es presentable y soportable que los Trillos y Michavillas de turno sigan cobrando por el escaño una cantidad que supone tres o cuatro veces el salario medio en España mientras se dedican también a actividades privadas por las que obtienen pingües beneficios. Máxime cuando esas actividades sin duda tienen que ver con los asuntos sobre los que de una manera u otra tratan o han tratado en el Parlamento. Y sobre todo cuando se exige teóricamente a diputados y senadores dedicación plena a sus tareas parlamentarias.

Hace un año se montó la bronca porque Leire Pajín podría haber ingresado cada mes tres sueldos públicos por importe de más de 15.000 euros mensuales –como senadora, como secretaria de organización del PSOE y como ex secretaria de Estado- . La hoy ministra aclaró que renunciaba a dos para quedarse con los 5.000 de senadora pero estaba en su derecho de percibir el total. Hace apenas unos meses se supo que Dolores de Cospedal, tiene un sueldo de controlador aéreo, en torno a los 250.000 euros al año, de los cuales sobre 140.000 los recibe por ser número dos del PP. Y nadie conoce, por cierto, el sueldo de Rajoy como presidente del PP, que se supone será superior. Que se sepa, que se sepa todo, porque los partidos se financian también en casi un cien por cien con dinero público. Pongamos si hace falta sobre la mesa hasta las pensiones, esta sí que vitalicias, de Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar.

Pero cuidado, mucho cuidado, no caigamos en la demagogia de pedir políticos de todo a cien. Con los 80.000 euros anuales de estos ex presidentes no se pagan los gastos de arreglo del jardín o las reformas en las casas de campo que cargaban fraudulentamente los diputados británicos a su erario público. Y causa sonrojo comparar estas pensiones vitalicias con los 85,7 millones con los que se va a jubilar Afredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander. Nadie duda de la notable ejecutoria del financiero, más que nada para los beneficios acumulados por su banco, ni de que sus accionistas se lo vayan a permitir. Pero pienso que un presidente del Gobierno, votado y apoyado por millones de ciudadanos año tras año, ha contribuido lo suficiente al bienestar de sus conciudadanos para merecerse esos “exiguos” 80.000 euros, en comparación con las cifras estratosféricas con las que compensa el mercado a sus altísimos ejecutivos. Y me da igual que los expresidentes consigan además otros emolumentos pos sus actividades privadas. Estos jubiletas de lujo no compatibilizan al menos trabajos. Si creo que hay que ser radical con los diputados y senadores que cuelgan las chaquetas en sus escaños mientras salen a hacer negocio en sus actividades privadas. Pero que paren el tiro al blanco al político: los diputados y los senadores, por sus trabajos en las Cámaras, no cobran más que un cargo intermedio en una empresa grande o mediana. Y desde luego sus sueldos causan risa comparados con la de los altos ejecutivos. Nadie querría que el cirujano que le tiene que operar o el abogado que deba defenderle fuesen de todo a cien. ¿Por qué, entonces, pedir políticos de todo a cien?

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