El concejal compareció a petición del Grupo Municipal Socialista, cuya portavoz en la comisión, Isabel Vilallonga, insinuó que pudo haber prevaricación en dicha adjudicación alegando, entre otras cosas, que sólo se dieron diez días para presentar propuestas y que la decisión se tomó en una sola sesión, 24 horas después del cierre de la convocatoria.
En una reunión bastante tensa, en la que Villanueva acusó a la socialista de mentir en reiteradas ocasiones, despertando el malestar de la edil, los socialistas expresaron sus dudas respecto a la adjudicación, apuntando que el Patronato de Turismo, que habitualmente se encarga de los stands de Fitur, firmó un convenio con la empresa municipal Promoción Madrid para este cometido en el año 2005, algo que no volvió a ocurrir en sucesivas convocatorias.
El delegado explicó que esta decisión se tomó al coincidir la Feria Internacional de Turismo con el lanzamiento de un nuevo portal de Internet esMADRID.com para promocionar el turismo en la ciudad y, dado que se quería resaltar este hecho en el stand y que Promoción Madrid tenía mayores conocimientos tecnológicos así como recursos, se firmó lo que hoy en día se llama Encomienda de Gestión (entonces un convenio), "y que es absolutamente habitual en todas las administraciones", según Villanueva.
Investigación interna
Así, la edil afirmó que éste es "un proceso de contratación dirigido deliberadamente a adjudicar a Special Events el stand de Fitur 2005, una empresa de la rama corrupta de Correa que era objeto de trato de favor por parte de determinadas administraciones del PP". "El contrato no está claro. He llegado a la conclusión de que se formalizó para que Special Events fuera la adjudicataria del stand de Fitur, como en otros sitios se había hecho con otras empresas hoy investigadas que dirigía Correa", insistió la socialista.
Por ello, solicitó una investigación interna del Ayuntamiento y del área de Economía" de este asunto, especialmente del modificado y del contrato menor, y que se "dé parte (del asunto) a la investigación judicial en curso, que se haya en estado embrionario en bastantes ámbitos del proceso, por lo que hay que darle cuenta al juzgado".
Éticamente responsable
Por su parte, las críticas del portavoz de IU, Ángel Lara, se centraron en que, incluso siendo legal y transparente todo el proceso de contratación, quizá la decisión es "reprobable éticamente" por haberse establecido unos plazos "muy legales pero quizá poco idóneos para llegar a unas conclusiones aceptables".
Ante esto, Villanueva recordó que lo que se trata de esclarecer es "si el expediente se ajusta a la legalidad o no" y espetó al edil de IU que "era imposible averiguar en 2005 lo que hacía esta empresa". "Ni yo, ni otras administraciones de todos los colores políticos. La diferencia es que otros contrataron más tarde que nosotros, que cuando lo hicimos comprobamos que tenía toda la documentación en regla. No podíamos sospechar nada y lo éticamente reprobable sería si yo tomara esa misma decisión ahora, pero entonces era una decisión sujeta al principio de transparencia y objetividad", zanjó el delegado.
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