Con las vergüenzas al aire

    Más o menos sospechábamos que la impostura de la clase política en general no tiene límites, pero, si alguien tenía alguna duda, la publicación de los papeles secretos filtrados a través de Wikileaks la ha despejado completamente. En ellos la diplomacia norteamericana nos ha brindado un fiel retrato, sin maquillaje ni fotoshop, de sí misma y de sus múltiples aliados, a muchos de los cuales han dejado con las vergüenzas completamente al aire.

 Cuando por aquí seguimos preguntándonos que nos oculta el gobierno Zapatero que explique su indecorosa bajada de pantalones ante Marruecos, las revelaciones sobre la connivencia del Estado español con el gobierno Bush para evitar la investigación judicial del “caso Couso” o de las torturas en Guantánamo resultan demoledoras. Más que eso: Son democrática, civil y humanamente nauseabundas. Con el agravante de que, junto a destacados miembros del ejecutivo, en la infamia coopera decididamente la fiscalía española, que en lugar de ocuparse de perseguir y esclarecer el delito, se aplica activamente a encubrirlo. Por fortuna María Teresa Fernández de la Vega, Miguel Ángel Moratinos y Juan Francisco López Aguilar no están ya en el gobierno, aunque los tres siguen abonados a la nómina oficial. Pero que Cándido Conde Pumpido, el fiscal general del Estado, y su brazo en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, sigan a estas horas todavía en sus puestos constituye una verdadera afrenta al Estado de Derecho.

El entrañable colega Fernando Aller expresaba ayer en Diariocritico su confianza en que el método Wikileaks se vaya extendiendo y que con el tiempo vaya trascendiendo la mucha inmundicia que embadurna la vida pública a casi todos los niveles. Ya que la transparencia en la gestión brilla en general por su ausencia, sería la única forma de que los que nos gobiernan se tentaran la ropa antes de de cometer cualquier fechoría.

 Los que llevamos ya unos cuantos años observando la vida pública algo sabemos y mucho intuimos de lo que se cuece en las trastiendas, sótanos y alcantarillas. El propio Aller ofrecía no hace mucho aquí mismo una documentada muestra del submundo que puede llegar a darse detrás de determinadas adjudicaciones públicas. “Y la mafia habitó entre nosotros” se titulaba su artículo. Que casualidad que a Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, sus compinches le apodaran “Don Vito”.

Y que casualidad  también que la empresa leonesa implicada en el siniestro caso referido en ese artículo sea la misma que, según las diligencias judiciales del Gürtel, ha abonado comisiones por la adjudicación de obras licitadas por la Consejería de Fomento de Castilla y León. Entre otras, las variantes de Olleros de Alba y Villasana de Mena.

Siendo escrupulosos al máximo con la presunción de inocencia podemos incluso obviar quienes se ocultan detrás de las iniciales o apodos que supuestamente se repartieron esas “mordidas”. De acuerdo en que los trincones son solo presuntos. Pero las que no son presuntas son las “mordidas”.

Y al margen de quienes fueran los “sobrecogedores”, las evidencias de que la empresa adjudicataria pasó por caja son abrumadoras. No hay por tanto ninguna duda de que alguien se ha enriquecido ilícitamente alrededor de adjudicaciones realizadas por la Junta.

Por ello, con independencia de la depuración de las responsabilidades  judiciales, se derivan unas responsabilidades políticas que no se pueden soslayar tan fácilmente como pretende el presidente de la Junta, quien por cierto ya ocupaba el cargo en la época en que efectuaron esas adjudicaciones. Limitarse a invocar la presunción de inocencia y proclamar el respeto a la actuación judicial no es más que solemnizar lo obvio. No basta con eso, señor Herrera. Corresponde también rendir explicaciones y resignar las responsabilidades políticas que proceden.

(En las fotografías, cartel sobre José Couso, Francisco Correa y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción)