Por una nueva Constitución

En esta nueva Constitución deberán garantizarse los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional a manos del pueblo de Chile.

El abogado Roberto Garretón explicó la imposibilidad de reformar la actual constitución pinochetista en el marco del actual sistema político chileno y describió el proceso desarrollado en Colombia que, tras una propuesta de la Federación Universitaria, obligó a las autoridades a convocar a una consulta a todo el electorado, en la que obtuvo amplia mayoría la opción de convocar a una Asamblea Constituyente, de la que emanó la actual Constitución Política de ese país, una de las más democráticas del continente.

Esta iniciativa ha concitado numerosas adhesiones de ciudadanos que en Chile y en el exterior, superando divergencias de orden ideológico y valórico, se han decidido a participar en esta gran batalla democrática cuya amplitud sólo es comparable con el abanico de fuerzas antidictatoriales que confluyó en la Asamblea Democrática, en los años 80 del siglo pasado. Como resolución principal de la jornada, se acordó emprender diversas iniciativas que permitan reunir decenas de miles de adhesiones a la demanda de una nueva Constitución Política del Estado de Chile.
 
El texto del llamamiento, que recoge las enmiendas formuladas durante esta asamblea, señala en sus párrafos más destacados que la actual Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de chilenos.
 
La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios, ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las instituciones políticas y los medios de comunicación. No sólo es ilegítima en su origen.

Es, además, antidemocrática, porque privilegia la renta y el lucro por sobre la dignidad humana, deja los principales resortes del poder económico y jurídico fuera del alcance y control de la ciudadanía y establece obstáculos insalvables para su modificación. Representa, en definitiva, la continuidad jurídica de la dictadura e impide el establecimiento de un régimen verdaderamente democrático.
 
Todas y cada una de las frustraciones, dolores y angustias que afectan gravemente la subsistencia y el bienestar de la gran mayoría de los chilenos, derivan de un modelo económico e institucional que, amparado en la Constitución de 1980, favorece la concentración monopólica de la propiedad y agudiza la injusticia social.

Así, el capital extranjero ha llegado a controlar la mayor parte del cobre, los recursos hídricos, el sistema previsional, la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones, sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional.

La inestabilidad y la precariedad del empleo, la deficiente atención en educación y vivienda, la gravísima destrucción del ecosistema, son entre otras graves situaciones el resultado de un modelo económico e institucional que se ampara en el Decreto Ley Nº 3464, dictado bajo Estado de Sitio por la Junta Militar bajo la denominación de "Constitución Política del Estado". Las reformas parciales aprobadas en el plebiscito de 1989 y por el Parlamento, desde 1990, han dejado intacta su naturaleza plutocrática y autoritaria.
 
Nos asiste la convicción de que la mayoría de los chilenos, más allá de sus diferencias ideológicas o valóricas, rechazan la Constitución pinochetista, señala el documento. Y anuncia que hemos decidido iniciar un proceso de consulta y organización ciudadana para exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Carta Fundamental, que restablezca los grandes avances democráticos que Chile alcanzó en el siglo veinte, que haga efectivas las libertades y derechos proclamados en las heroicas jornadas de lucha contra la dictadura y que restituya la soberanía nacional a manos de su único titular: el pueblo de Chile.