Confusiones

Tanto en mi columna para Perfil del domingo, como en la nota que hoy publica Ámbito, me dediqué a comentar lo que, creo, han sido dos confusiones de funcionarios argentinos sobre hechos económicos recientes. Lo que sigue es un resumen de ambos temas:

Confusión número uno: “El pasado nos condena” 

El problema que tiene la Argentina hoy, en materia financiera, es que tiene limitado su acceso al mercado de capitales internacional a tasas de interés razonables. Dicho de otra manera, la Argentina paga hoy la misma tasa de interés que pagan las compañías consideradas de alto riesgo del mercado norteamericano. Mientras que Brasil, Perú, Uruguay o Chile, pagan, muchísimo menos. ¿Porqué la Argentina es considerado un deudor de alto riesgo?. No “porque el pasado nos condena”,  sino porque estafamos en el presente.

Me explico, hasta mediados del 2007, la Argentina pagaba la misma tasa, aproximadamente, que el resto de los países de la región mencionados, aún con “nuestro pasado”. A partir de allí, el riesgo argentino empezó a subir y a “despegarse” del riesgo en el resto de la región.Al ritmo del aumento de la “mentira en la inflación del INDEC”. Del desborde del gasto público, que redujo el superávit fiscal disponible para pagar deuda, en un escenario internacional más complicado y con compromisos de pago crecientes en el 2009 y 2010. Y de un sector externo, cada vez más dependiente de que los precios de los commodities de exportación sigan creciendo.  En este contexto, la suba de tasas que enfrentó y enfrenta el país, con su costo expandido al sector privado, no resulta de una “mala extrapolación del pasado”, del cuál el gobierno K. es víctima, sino de una pésima política presente, de la que el gobierno K. es protagonista.

 Por lo tanto, si el objetivo del anuncio del pago al Club de París, fue tratar de revertir la imagen de mal pagador de la Argentina en el exterior, dicho pago tiene poca influencia en esta cuestión.

Primero, porque no se revierten las causas que han llevado a la desconfianza. El INDEC sigue mintiendo, el gasto sigue creciendo, y potencialmente aumentará más con la mentira de la “movilidad” jubilatoria, y con la “normalización” de las transferencias a Provincias, para recomponer relaciones entre el kirchnerismo y el pejotismo. Segundo, porque somos cada vez más vulnerables a cambios negativos en el escenario internacional. En especial, respecto a la caída del precio de los commodities, a la revaluación del dólar y la devaluación del Real. (Aunque estos movimientos se esperan moderados). Tercero, porque al reducir las “reservas de libre disponiblidad” del Banco Central, hay menos fondos disponibles para atender, eventualmente, los pagos a los tenedores de bonos de deuda argentina. (Recuerdo que muchos de esos bonos están en manos de los bancos argentinos –nuestros depósitos- y de las AFJP –nuestras futuras jubilaciones-). Cuarto, porque la “señal” de pago al contado, es una señal de mala administración, frente a la alternativa de negociar tres años de gracia y bajas tasas de interés de repago. A lo que se suma, ahora, la “desprolijidad” de no tener conciliada la deuda, y haber anunciado pagos de deuda no vencida. Quinto, porque, institucionalmente, seguir apropiándose de las reservas del Banco Central, para pagar deudas de todo tipo, se inscribe en la misma senda que la destrucción institucional del INDEC. Sexto, porque no aceptamos pagos ordenados por tribunales de arbitraje internacional al que nos sometimos en el marco de tratados bilaterales de garantía de inversiones firmados con varios de los países que integran el Club de París. Séptimo, porque una de las “ventajas” del pago anunciado es que destraba el avance de un proyecto faraónico como el Tren Bala.

Es cierto que, posiblemente, se liberen también algunos créditos para importación de bienes de capital para empresas argentinas, o algunos otros créditos para proyectos locales de multinacionales, y eso hay que valorarlo. Pero, lamentablemente, en esa balanza pesan mucho más los costos que los beneficios.

 En síntesis, pagar nunca es malo en términos absolutos. Pero en términos relativos, el pago no ayudará demasiado a reducir el riesgo argentino. Básicamente, porque los problemas que llevaron a la explosión de dicho riesgo, se originaron en el pasado, pero se agrandaron en el presente.Y mientras el gobierno argentino no instrumente un programa antiinflacionario integral y un compromiso serio de reconstrucción institucional, todo pago será aplaudido por los acreedores y “sufrido” por los contribuyentes. En especial, los pobres que pagan el impuesto inflacionario, y que, al contrario de Charly, van en “tren y no en avión”. Y esto me lleva a la confusión número dos: 

 El salvataje de Fannie Mae y Freddi Mac es equivalente al salvataje de Aerolíneas Argentinas

En efecto, la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos y de la Reserva Federal de dicho país, de salir al rescate de dos instituciones, patrocinadas por el gobierno americano, concentradas en el mercado hipotecario de ese país, ha generado una reacción interesante en algunos funcionarios argentinos, incluyendo a mi querido amigo el Embajador argentino en los Estados Unidos, cuya  nota publica Ámbito Financiero el martes 9 pasado. Dichos funcionarios han comparado el salvataje de Freddie y Fannie con el de Aerolíneas Argentinas, ambos considerados “en defensa del bien común”.

 Cabe, entonces, realizar algunas precisiones.
En primer lugar, el sistema financiero tiene características de “bien público” insustituíble. Un país con un sistema financiero destruido es incapaz de funcionar correctamente, como lo probó, lamentablemente, el caso argentino. Es por ello que los Bancos Centrales y los entes reguladores respectivos, tratan de evitar, a toda costa, un colapso del sistema. Cuando los reguladores fallan, o se equivocan, como fue el caso del mercado hipotecario de los Estados Unidos, no queda más remedio que salir al rescate de ese mercado, por las ramificaciones que, en los Estados Unidos, tienen los activos inmobiliarios sobre el resto del sistema económico. Este rescate, sin embargo, no incluye a los accionistas de las instituciones mencionadas, ni de ninguna de las “salvadas” hasta ahora. El eventual aporte de capital del Tesoro, implica, directamente, la “licuación” de las tenencias de los accionistas actuales. Es cierto que, indirectamente, si resulta exitoso el proceso, cosa que está por verse, el mercado de capitales se ve favorecido en su conjunto, dado que se le pone un piso a la debacle, pero los accionistas directos de estas instituciones han perdido, en el camino, casi todo su capital.

 En segundo lugar, si finalmente se usan fondos públicos para capitalizar a estas entidades, dichos fondos provienen de los recursos del Gobierno Federal. Cabe recordar, que el Gobierno Federal en los Estados Unidos recauda, principalmente, el Impuesto a las Ganancias y otros relacionados con el capital y coloca deuda en forma, mayoritaria, de Bonos del Tesoro. Cuando surge una crisis de incertidumbre financiera como la actual, los inversores huyen, precisamente, hacia los Bonos del Tesoro. De manera que, lo que hace el gobierno, para financiar este salvataje, es utilizar recursos provenientes, básicamente, del impuesto a las ganancias, que pagan todos, pero, fundamentalmente, la gente de mayores recursos. Y “reciclar” los fondos que recibe por la huída de los inversores del mercado de capitales. Dicho sea de paso, esta última es una diferencia central con las crisis financieras argentinas. En nuestro caso, la crisis la genera el Estado, con déficits fiscales y deuda colocada en el sistema financiero, que luego no se paga en tiempo y forma. Por lo tanto, cuando la gente huye del sistema, no busca la protección del Estado, y sus bonos, sino que huye del Estado y sus estafas. Comprando divisas y sacándolas del sistema. Es decir, en el caso argentino, el Estado es parte importante del problema y no de la solución.
Volviendo al caso estadounidense y resumiendo. El salvataje de estas dos instituciones de crédito hipotecario se hace por la “externalidad” que significa, para un país, el colapso de su sistema financiero. No se salva a los accionistas. Y se hace con fondos provenientes, en su mayoría,  de los sectores más ricos que pagan el Impuesto a las Ganancias y compran Bonos del Tesoro Americano.

 Comparemos con el caso Aerolíneas.
En primer lugar, no está claro que la quiebra de Aerolíneas implique un daño irreparable al “bien público” servicio de transporte aéreo. Como ya expresara en  notas anteriores, siempre se pueden fijar las tarifas correctas para las rutas rentables, de manera que el servicio lo cubran otras empresas y subsidiar, de ser necesario, las rutas no rentables, para que el servicio en dichas rutas se siga prestando. No es necesario para ello “comprarse” una compañía aérea. De hecho, han quebrado decenas de compañías aéreas en la Argentina, en la región y en el mundo, y el servicio, insisto, si se alinean adecuadamente los precios, se puede seguir prestando sin problemas. Inclusive, de ser necesario, transfiriendo rutas, personal, y equipos, a otros operadores.

 En segundo lugar, si es cierto todo lo que se dice en torno de la administración privada, no hay nada que pagarle a los accionistas y tampoco se justifica mantener a sindicalistas privilegiados o a proveedores cobrando sobreprecios. ¿Cuánta plata y con qué controles y justificativos se le transfirió a Aerolíneas Argentinas y Austral desde que fue intervenida?.Finalmente, y esto es lo más grave. El Estado Federal argentino, no sólo recauda el Impuesto a las Ganancias, sino que, principalmente, recauda impuestos al consumo e inflación. Es decir recauda impuestos que, principalmente, y proporcionalmente, pagan más los pobres, que nunca se subirán a un avión. Por lo tanto, desde el punto de vista, no menor, de la distribución del ingreso, que un gobierno “progresista” defienda el salvataje de accionistas, sindicalistas y proveedores, de una compañía aérea, financiado con plata de la gente más pobre que viaja como ganado en los trenes del conurbano,  con todo respeto, más que un “salvataje” suena a una “salvajada”.