La propuesta de las Cámaras es clara: se debe buscar
“una política económica que esté dirigida a mejorar la competitividad empresarial, con una apuesta decidida por facilitar el desarrollo del espíritu emprendedor y la adopción de medidas de carácter macroeconómico que permitan a las empresas responder con mayor rapidez a la creciente competencia internacional”. Se trataría de aplicar una
“decidida política de oferta, que facilite la mejora permanente de la competitividad de las empresas a través de un incremento sostenido de la productividad”, afirma
Gómez-Navarro.
Para minimizar los efectos de la crisis, el presidente de las Cámaras propone las siguientes medidas:
- Mantener la unidad del mercado con una mejor y más reducida regulación económica. Se trata de impulsar la liberalización de los mercados, para lo que resulta fundamental la intensificación de la competencia y la apuesta por la gestión privada de servicios públicos.
- Agilizar las Administraciones Públicas y potenciar los Tribunales Mercantiles para que las resoluciones judiciales sean más rápidas.
- Avanzar hacia un sistema tributario más sencillo, con menor presión fiscal y una regulación que fomente el ahorro, la inversión y la creación de empleo.
- Reformar el mercado de trabajo a través de la concertación social, para fomentar la estabilidad en el empleo, la incorporación de los inmigrantes según las necesidades del mercado y promover el empleo de mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.
- Facilitar la creación y el cierre de empresas e incentivar la creación de empresas por parte de los inmigrantes, así como su internacionalización.
- Mejorar la calidad de la formación, potenciar la Formación Profesional y las titulaciones que más se ajusten a las necesidades del mercado. En este sentido, Gómez-Navarro aboga por un sistema universitario que permita “la permeabilidad con el mundo empresarial”. Llegar a un pacto de Estado en materia educativa.
- Implantar un programa de apoyo a la innovación, con especial atención a las pymes.
- Puesta en marcha de un plan de rehabilitación de viviendas y aumentar la inversión en infraestructuras.
- Impulsar un pacto de Estado por la Energía para equilibrar el uso de fuentes energéticas, establecer un marco normativo y tarifario estable y ajustado a los costes reales de generación y desarrollar un plan de eficiencia y ahorro energético.
- Desarrollar una política territorial en materia medioambiental que haga compatible el crecimiento con la sostenibilidad.
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