La Fiscalía sí se cree en los espionajes a Alfredo Prada y Manuel Cobo

Aunque el PP de Madrid ha decidido dar carpetazo a la comisión de los espías asegurando -en base a una información diario El Mundo sobre 9 de los 30 partes de seguimiento- que los partes de las supuestas vigilancias son falsos, la investigación judicial sigue su curso. De hecho, y según las fuentes parlamentarias consultadas por Madridiario, en ella tienen puestas sus esperanzas PSOE e IU después del "cerrojazo" impuesto por los populares en la Asamblea de Madrid. Ambos grupos, que creen verdaderos los partes, están seguros de que el Gobierno de Esperanza Aguirre tiene alguna responsabilidad en la trama.

    Cobo, Prada (acusado de mentir por Francisco Granados al decir que los partes coincidían con su agenda publica y privada); el vicepresidente regional, Ignacio González; la también diputada del PP en la Asamblea Carmen Rodríguez Flores y el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, no han declarado en la comisión, pero sí lo podrán hacer en el juzgado y, apunta la oposición, allí sí tendrán que responder y sus testimonios podrán tener consecuencias penales. Esto repondrá la "obstrucción" y la "censura" de información y comparecencias que denuncian han sufrido durante las cuatro sesiones "escasas" que ha durado la comisión.

    Precisamente, el PSOE ha impugnado el acuerdo para que las conclusiones se debatan "con nocturnidad y alevosía" a última hora del miércoles 18, justo antes del puente de San José. Se basan para ello en que la decisión se ha tomado sin que la conclusión haya concluido, dado que el dictamen no se ha aprobado en el propio órgano. Para el Partido Popular en cambio el dictamen de conclusiones que el lunes aprobará la mesa de la comisión antes de elevarlo al Pleno es el anticipo de lo que dictaminarán los jueces: el Gobierno de Aguirre no ha creado ninguna estructura de espionaje, Prada y Cobo -a pesar de que ellos sostienen lo contrario- no han sido espiados (se remiten a unos partes "falsos" y "chapuceros"). Lo único acreditado y que no ha partido del Ejecutivo es el espionaje a Ignacio González.

¿Quién se queda el caso?

El juez ya separó en su día las causas de González y de Ildefonso de Miguel de las de los otros supuestos espiados, pero decidió hacerse cargo, en el caso del vicepresidente, de los supuestos dossieres sobre su patrimonio personal y supuestas adjudicaciones sospechosas que habría esgrimido en 2006 el tesorero del PP nacional, entonces Álvaro Lapuerta, contra él. El presidente de los populares, Mariano Rajoy, aseguró que los dossieres eran "reales" y que merecían una investigación judicial, pero apuntó después, contradiciendo a Esperanza Aguirre, que él nunca los vio ni tuvo conocimiento de ellos.

    Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, la denuncia se encuentra estancada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, cuyo titular está valorando si se inhibe a favor del juez de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, que lleva el caso de González y De Miguel. Si la denuncia pasa al juez Sierra es probable que la Fiscalía le remita las actuaciones sobre las vigilancias a Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón. De este modo, la Fiscalía que dirige Manuel Moix se quedaría sólo con la denuncia de Alfredo Prada.