Las administraciones públicas podrán retirar subvenciones y ayudas a aquellas instituciones o particulares que conserven los símbolos franquistas, que estarán obligados a retirar en virtud de la nueva redacción de la ley de MemorIa Histórica aprobada el miércoles por la ponencia del Congreso.
La ponencia encargada de informar sobre este proyecto se reunió ayer en el Congreso y acordó elevar a la Comisión Constitucional, convocada para el próximo miércoles, un texto propuesto por el PSOE que incorpora algunas novedades surgidas de su negociación con otros grupos parlamentarios.
La principal novedad está recogida en el artículo 15, que refleja que todas las administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas" para retirar "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura". Sólo se salvarán estos elementos simbólicos "cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados" o por razones "artísticas y arquitectónicas". Para quienes no cumplan con esa disposición, incluidos los propietarios privados, el proyecto legislativo establece la posibilidad de retirarles las subvenciones o ayudas públicas.
Además, se hace una condena expresa del franquismo y se establece la ilegitimidad de los tribunales y jurados constituidos durante la guerra civil y que impusieron condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa.
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