Piden que los jueces embarguen el pago a Roldán

         ¿Cómo puede cobrar Luis Roldán 50.000 € de Telecinco, quedárselos o gastárselos tranquilamente, mientras aún debe el pago de casi tres millones y medio de euros que se llevó? Es lo que ha pensado el equipo jurídico de la Unión de Guardias Civiles que este jueves ha presentado un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid.

         En su escrito, UniónGC pide a la Fiscalía que “requiera urgentemente a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, con la finalidad de que, en ejecución de la sentencia evacuada en fecha 24 de febrero de 1998, acuerde oficiar a la cadena Tele 5 al objeto de que por la misma se retengan las cuantías que hubieran de abonar a D. Luis Roldán Ibáñez o a cualquier otra persona o mercantil, con motivo de dicha entrevista en concepto de honorarios o cualquier otro tipo de modalidad de abono, consignando las mismas en la cuenta habilitada al efecto por dicha sala, toda vez que la responsabilidad civil a la que el mismo fue condenado, en cuantía de 3.479.289 €, no se encuentra abonada a la fecha, según lo datos que baraja esta representación”.

         Por Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de febrero de 1998 se condenó, entre otros, a Luis Roldán como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, cohecho y cinco delitos contra la Hacienda Pública.

         En cuanto al concreto delito de estafa se establece como hechos probados que Luís Roldán Ibáñez, en fechas no determinadas, en torno al verano de 1989, con motivo de que se habían recibido diversas amenazas de la organización terrorista ETA, mantuvo diversas reuniones en la Dirección General de la Guardia civil con el Presidente del Consejo de Administración de Construcciones Lían, S.A. y el Consejero delegado de la empresa OBRASCON, con el objeto de tratar acerca de la seguridad de la contratación del primer tramo de la Autovía de Leizarán, de la que eran adjudicatarias.

         Según la sentencia –ya firme-, en el transcurso de una de dichas reuniones aprovechando el temor y la angustia que habían producido tales amenazas en los constructores les propuso la necesidad de que, al margen de las medidas de seguridad que proporcionaban los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, contrataran un servicio de contravigilancia efectuado por terceras personas, ofreciéndose para contactar con ellas.

         Señala la sentencia que en la creencia de que las cantidades se destinarían a dicho fin, las empresas abonaron elevadas cantidades de las que sólo se pudo concretar los pagos de 31.687.500 pesetas y 53.808.400 pesetas, respectivamente, que Luís Roldán Ibáñez, hizo suyas sin que se llevara a cabo el servicio de contravigilancia.

         La Sentencia explicita que las pruebas en que se basa la convicción sobre la realidad de dichos hechos son la prueba pericial practicada en la instrucción y ratificada en la vista oral de que el pago por la supuesta contravigilancia fue a integrar el patrimonio de Luís Roldán, y el reconocimiento por parte de los representantes de dichas empresas de la realidad de dichos pagos; realizando unos profusos razonamientos sobre la valoración de dichas pruebas para entender acreditados los hechos.