Uno de los asesores de Bush, sobre Guantánamo: "España no tiene derecho a juzgarnos"

En un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal, Feith comienza afirmando que "un abogado en España, que estudió derecho mientras cumplía una sentencia de prisión de siete años por secuestro y terrorismo, ha pergeñado una denuncia que acusa al gobierno de Estados Unidos de torturas sistemáticas a detenidos en la guerra contra el terrorismo".

El ex funcionario se refiere a que la Fiscalía española estudia actualmente la querella presentada contra Alberto R. Gonzáles, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta que se convirtió en fiscal general de EEUU, y David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S. Bybee y John Yoo.

El abogado, a quien Feith no nombra, "ha presentado su querella ante Baltasar Garzón, un magistrado famoso como campeón de la 'jurisdicción universal' de los tribunales españoles", afirma el ex subsecretario de Defensa en su artículo.

"No se alega que alguno de nosotros haya torturado a alguien", escribió Feith, al señalar que "tampoco es que alguno de nosotros siquiera haya indicado a alguien que cometiera torturas".

"Lo que se alega es que, cuando asesoramos al presidente George W. Bush acerca de las Convenciones de Ginebra y el interrogatorio de detenidos, nuestras interpretaciones fueron equivocadas, de acuerdo con la opinión de los españoles discrepantes", indica en su artículo.



"Un insulto nacional"

Agrega que "el magistrado español, aparentemente, cree que puede ser un crimen que los funcionarios estadounidenses den un asesoramiento equivocado a un presidente de Estados Unidos y que, además, puede ser un crimen punible por parte de un tribunal español". "Éste es un insulto nacional con implicaciones perjudiciales", señaló Feith.

Para Feith "parece claro que el objetivo de este ejercicio judicial es llevar una discrepancia política a los tribunales penales y con eso intimidar a los funcionarios estadounidenses". "Los estadounidenses pueden tolerar esto sólo si están dispuestos a renunciar al derecho de hacer sus propias leyes y políticas", añadió.

Feith concluye indicando que "éste no es un asunto político de izquierdas contra derechas. De lo que se trata es de la preservación del sistema constitucional de gobierno estadounidense, en el cual los funcionarios de EEUU son responsables por sus opiniones ante la ciudadanía de EEUU, no ante tribunales extranjeros".