Las sorprendentes declaraciones del Fiscal General

Las declaraciones realizadas por el Fiscal General del Estado en las que imputa a la Policía Nacional falta de colaboración en la investigación de las listas de los continuadores de Batasuna sorprenden más por su emisor que por su contenido.

Las negociaciones mantenidas con ETA en la anterior legislatura introdujeron un elemento de desestabilización y deterioro de las Instituciones democráticas sin precedentes. No sólo abrieron una brecha de enormes dimensiones entre el partido de la oposición y el del Gobierno, que en gran medida se trasladó a las relaciones institucionales y al conjunto de la sociedad, sino que afectó profundamente al sistema en su conjunto, desde el poder judicial, hasta el legislativo, pasando por instituciones como la Policía Nacional, la propia Fiscalía o la Abogacía del Estado.

Las actuaciones de la Fiscalía negándose a acusar ante flagrantes delitos relacionados con terrorismo y provocando así la absolución de los terroristas, la solicitud de rebaja de penas o su inactividad ante las actuaciones sistemáticas de Batasuna, los inauditos autos del juez Garzón en la Audiencia Nacional, dictados en función de la situación política y no de la estricta aplicación de la Ley, la negativa a aplicar la Ley de Partidos por parte de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía o el inaudito “soplo” del bar Faisán al aparato de recaudación de ETA, salido desde dentro de lo que debería ser la élite de los grupos antiterroristas de la Policía Nacional, seguido de la pasividad tanto de la Fiscalía como del juez Garzón en su investigación, el enfrentamiento abierto del Gobierno vasco contra dos Magistrados del TSJ del País Vasco por tratar de aplicar la ley o la movilización de las víctimas del terrorismo y de diversos colectivos cívicos en multitudinarias manifestaciones contra la política del Gobierno, son ejemplos de cómo las negociaciones y acuerdos alcanzados con ETA en la pasada legislatura introdujeron un severo deterioro en las Instituciones del Estado, en las relaciones institucionales y en la propia sociedad.

Este deterioro resulta inevitable en cualquier negociación con ETA dado que la búsqueda de puntos de encuentro intermedios entre la democracia y el terrorismo conlleva la quiebra de los principios básicos que sustentan el Estado de Derecho: (1) El sometimiento a la ley de todas las actuaciones tanto del Estado como de los particulares y (2) las normas democráticas como única fuente de legitimidad política.

Cualquier negociación de un Estado democrático con los terroristas presupone tanto un paréntesis en la aplicación de la ley o un espacio de “no ley” como una legitimación del interlocutor adquirida exclusivamente a través del ejercicio de la violencia y el terror. Ante esta situación el sistema tiene que soportar tensiones para las que no se encuentra preparado. La sociedad se divide, la ley pierde su principio de aplicabilidad universal y las Instituciones dejan de funcionar, al menos parcialmente, para el cumplimiento de los fines que le son propios con el consiguiente desprestigio institucional y del sistema en su conjunto.

Esto es lo que ha sucedido con la Policía Nacional y de lo que se queja ahora el Fiscal General del Estado. Lo sorprendente es que sea este Fiscal General quien se queje, ya que él mismo formó parte esencial del deterioro Institucional que ha llevado, entre otras cosas, a la falta de eficacia de determinadas unidades de la Policía Nacional que él mismo denunciaba hoy. Estos lodos vienen de aquellos polvos. Quizás en lugar de realizar esta pública denuncia, con el deterioro añadido que supone para la imagen de la Policía Nacional, compuesta en su inmensa mayoría por eficaces y leales agentes, debería presentar su dimisión y cooperar así a la superación de los daños provocados por la quiebra de los principios básicos del Estado de Derecho que tuvimos que sufrir la anterior legislatura. Las irresponsabilidades no salen gratis y los responsables de las mismas deberían asumir su parte de culpa.

En cualquier caso, esperamos que el proceso de negociación con ETA sirva, al menos, para que no volvamos a caer nunca más en el mismo error, es decir, para que el diálogo con los terroristas, en cualquiera de sus frentes, se destierre de manera definitiva e irreversible del horizonte político. Éste es el punto de partida imprescindible para la auténtica derrota de ETA.

(*) Firman Inma Castilla de Cortazar Larrea, presidenta en Funciones del Foro Ermua, y la Junta Directiva del mismo.