PSOE y PP utilizarán la guerra del agua como arma electoral
Estatuto de Castilla-La Mancha: todos impresentables, unos más que otros jueves 22 de abril de 2010, 11:18h
El fiasco ha venido y todos saben cómo ha sido. O, mejor, acudamos a un refrán muy castellano-manchego: entre todos lo mataron y él solo se murió. O, perfecto, utilicemos el Quijote: con el agua hemos dado, amigo Sancho. Pongamos que hablo/escribo del Estatuto regional. Una ley que, salvo impensable milagro de última hora. va a volver ahogarse sin llegar al buen puerto de su publicación en el BOE. Tras su paso por la Comisión Constitucional del Congreso, no llegará a Pleno por esa eterna guerra del agua. Por ese eterno enfrentamiento político entre PSOE y PP a nivel de Castilla-La Mancha, que no es sino fiel reproducción del que por desgracia sufrimos en toda España.
El caso es que ambos partidos, a nivel regional y nacional,tienen su gran responsabilidad en el petardo del Estatuto, aunque es mayor el grado de culpa 'popular'. De un lado, éstos votan -eso sí, hace ya tres años- en el Parlamento de Toledo la normativa junto a los socialistas, pero ahora se oponen en el Congreso.Porque a última hora cambian el concepto de "reserva hídrica" de 4.000 hectómetros cúbicos y lo sustituyen por la más genérica frase de que la Junta "ha estimado" que esa cifra sólo marca las necesidades de Castilla-La Mancha.¿Porqué esta variación?
Pues está claro: por las presiones de los Ejecutivos de Murcia y Valencia, donde la cómoda mayoría absoluta del PP podría estar en peligro en las ya tan próximas elecciones autonómicas. Y eso, ¡ay!, el voto, el poder y sus prebendas, es lo único que interesa a todos los profesionales de la política sin excepción. No es de extrañar que en este partido en el que Mariano Rajoy se retarda siempre en imponer su autoridad -y el caso Gürtel es el último de una interminable sarta de ejemplos- manden más a veces los barones y presidentes regionales que le apoyaron tras la derrota electoral ante Zapatero y las embestidas de Esperanza Aguirre, como ocurre con Camps y Valcárcel.
Ellos -el murciano sin disimulo, paseándose por el Congreso- han impuesto su opinión e intereses incluso por encima de su 'jefa' de su secretaria general, Dolores de Cospedal. Semejante desautorización será buena en los feudos de los barones, pero deja en cueros a Cospedal en el autonómico suyo, en Castilla-La Mancha, donde es la líder de la oposición. Donde las encuestas, por primera vez en la historia, le dan mayoría, merced a varias cuestiones mal gestionadas y sobre todo a la pésima actuación del presidente José María Barreda -en parte heredada de Bono- y su Gobierno en el hundimiento de la Caja. Donde el PP parece tener posibilidades de ganar los comicios, también por primera vez.
Sólo declaración de intenciones
 El componente agrario de Castilla-La Mancha, donde faltan por desarrollarse más los sectores industrial y de servicios, es muy importante y el PSOE va a utilizar la enorme contradicción de su rival de decir una cosa en Toledo -el agua para Castilla-La Mancha- y otra en Madrid y sobre todo en Valencia y Murcia -el agua para Levante-.Pero no escapan de culpas los socialistas, con el partido también dividido, aunque mejor disimulado que en el PP, respecto a la guerra del agua, ya que el grupo del Congreso ha votado lo mismo que sus colegas regionales en Toledo respecto al Estatuto y esa teórica reserva, que en realidad no significa nada jurídicamente, sólo una declaración de intenciones.
Pero resulta que, precisamente por ello, si los socialistas querían el acuerdo y sacar adelante la norma -quizás su obligación como gobernantes es mayor que la oposición- tampoco era tan importante variar el matiz y aceptar o negociar sobre el propuesto por el PP. A no ser que lo que pretendan es realmente esa imposibilidad de que el Pleno -donde necesita los tres quintos de los votos- lo apruebe, echando la culpa a Cospedal como importantísima y quién sabe si definitiva baza electoral.
Porque el secretario de Estado del Agua, el socialista Jordi Puxeu, ha declarado en diversas ocasiones, la última muy recientemente, que como mucho el Estatuto debería reflejar "la estimación de sus necesidades" como medida más simbólica que real. Sí esos 4.000 hectómetros cúbicos. Y tal es la posición de sus jefes en Medio Ambiente y más arriba en el Gobierno, pues estiman que del Tajo-Segura beben más de dos millones de personas en el Levante geográfico. De modo que si el estatuto se retira, problema solucionado por ahora. Y Barreda, que se arregle e intente ganar, como ya ha hecho él y Bono tantas veces, con la ayuda, eso sí, de esta arma del agua que le pone en bandeja el PP.
En definitiva que, como tantas veces, los únicos perjudicados son los votantes y no votantes; la gente en general que tiene que aguantar a esta clase -clase sin clase- politica que pasa y mucho de los problemas reales. Según ella, en su versión autonómica/nacionalista, los ríos son de cada comunidad autónoma y sólo sus habitantes tienen derecho a ellos. No sólo los ríos, los árboles, todos los recursos, incluido el aire, son de cada una de las regioners/nacionalidades o como se llamen. Y al resto de los españoles, que le den. Así es este país. Así son sus políticos. Así nos va.
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