Además de negarse a hablar sobre los dos procesos legales anunciados por el Ministro, el ex presidente de la entidad recaudadora dijo que a partir de esta semana todo contacto será a través de su abogado, pero no precisó de quién se trata.
El general López reveló el jueves 4 de diciembre, ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga ese caso, que el ministro Quintana había hecho un pacto político con contrabandistas para la liberación de 17 camiones con mercadería de la Zona Franca de Cobija para que fuera transportada a Puerto Montevideo, o Puerto Evo, frontera con Brasil. Otras fuentes informaron que ese acuerdo fue a cambio de lograr apoyo para revocar el mandato del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
El Ministro se refirió ayer a las acusaciones que pesan en su contra, en una entrevista en el programa El pueblo es noticia, que difunden Televisión Boliviana y la red Patria Nueva. En su intervención, resaltó la labor del Comando Conjunto porque, dijo, puso freno a la actividad ilícita que antes de su creación era “casi libre y a vista de todos”.
Quintana anunció esas acciones legales pese a que el sábado había asegurado, en declaraciones que publica este diario, que no iba a hacer absolutamente nada contra a esas acusaciones.
Aseveró ayer que no se someterá a ningún proceso de investigación porque no cometió ningún delito y dijo que las denuncias que pesan en su contra son infundadas y sin pruebas.
La autoridad afirmó que López lo denunció para salvarse del juicio de responsabilidades que pesa en su contra por incumplimiento de deberes, por no haber podido luchar contra el contrabando que se campeaba en la zona de Santa Rosa del Abuná.
“Tiene que probar (el general López) todas sus acusaciones en la vía judicial, su sola palabra no es prueba suficiente. Él dice que yo avalé el paso de 33 camiones de Cobija a Montevideo (…) Jamás el Ministro de la Presidencia, que tiene otras funciones, podría haber autorizado tal hecho, porque no es mi competencia”.
Además cuestionó que aun cuando lo dicho por López sea cierto, “¿por qué no lanzó la denuncia antes?, si incluso en una ocasión llegó a conversar frente a frente con el presidente Morales (…) Ahí pudo haberle dicho, hasta encarándome, que yo había cometido tal presunta falta”. Sin embargo, según publicaciones de prensa, el Mandatario fue informado de este caso en una carta y en una audiencia personal.
Incumplimiento
El Ministro considera que López debe ser enjuiciado por incumplimiento de deberes porque la Aduana dejó salir los vehículos con mercadería de contrabando, y dijo que, al contrario, lo que hizo el Comando Conjunto fue intervenir en ese hecho y detener la caravana de camiones.
Empero, un informe del teniente Christian Deheza, agente del COA, que La Prensa tiene en su poder, da cuenta de la retención de los 33 camiones y de la versión de los comerciantes sobre el supuesto visto bueno dado por Quintana y señala que hicieron todo lo posible para detener el paso de los camiones, pero no hubo suficiente personal, a lo que se sumó que los choferes condujeron por desvíos.
Ese documento también revela que el subcomandante del Comando Conjunto, capitán Óscar Abastoflor, quien se constituyó en el lugar, ordenó que los vehículos pasaran la tranca. En otra parte del informe, señala que este último le acusó de haber cobrado para dejar pasar los camiones.
El 28 de julio, según consta en al menos tres informes de la Zona Franca de Cobija, el comandante del Comando Conjunto, Rafael Bandeira, dijo tener conocimiento de la fuga del convoy, por lo que ordenó retener el paso de los 33 camiones en el puesto militar de Santa Rosa del Abuná.
Reuniones con gremiales
La Aduana de Cobija envió al menos tres cartas a Bandeira para que ayudara a recuperar los camiones y trasladarlos a esa ciudad. Un primer operativo para retornar esos motorizados a esa capital, previsto para el 1 de agosto, abortó el 30 de julio porque ese día se intentó hallar una solución política al problema en una reunión en el Palacio de Gobierno en la que participaron Quintana, los contrabandistas y el general López, entre otros.
El Ministro admitió ayer que se reunió con los comerciantes y a la vez contrabandistas en el Palacio Quemado y en Pando porque existía un documento de reexpedición, que se utiliza para introducir en el territorio nacional mercancía importada a la Zona Franca y que goza de un tratamiento preferencial. Precisó que ese permiso fue emitido antes de la asunción del MAS al poder.
Sostuvo, según ANF, que en las reuniones con el Ejecutivo los comerciantes intentaron regularizar su situación. “Propusieron varias medidas y por ello se reunieron con las autoridades en Cobija y en La Paz. Nos reunimos cinco veces, se los derivó al Ministerio de Hacienda, a la Aduana Nacional, para que solucionen el tema de la reexpedición. Propusieron un decreto supremo que ratifique la resolución del año 2001 de la Aduana, o que el Congreso apruebe un proyecto de ley que permita extender la Zona Franca de Cobija hacia Montevideo”.
Justificó su intervención en asuntos de contrabando porque este caso amenazaba con enfrentar a policías, militares y comerciantes, aunque en este caso también debieron tomar conocimiento, además del despacho de Hacienda, los ministerios de Gobierno y de Defensa.
Comando pasivo
Quintana dejó en claro que la entidad recaudadora es la encargada de encabezar la lucha contra ese flagelo y no así otra instancia. Empero, el Decreto Supremo 29483, aprobado por el actual Gobierno, autoriza a las Fuerzas Armadas a coadyuvar en la lucha contra ese ilícito y evitar la salida ilegal de mercaderías, no sólo en Cobija.
Para probar que el ex Presidente de la Aduana incumplió funciones, el Ministro mostró un documento y dijo que el administrador de la Zona Franca de Cobija, Mario Vásquez, “envió a López un informe de la situación y le solicitó su traslado a la zona”, pero jamás puso un pie en el lugar.
Sin embargo, la administración regional de la entidad recaudadora también requirió el apoyo del Comando Conjunto de Cobija, incluso después de que el operativo del 1 de agosto fuera abortado. El pedido que hizo para esa intervención está contenido en informes que fueron elevados al gerente regional de La Paz, general de brigada Luis Fernando Sánchez, entidad de la que depende la Zona Franca de Cobija.
El 4 de agosto, el administrador de esa repartición aduanera solicitó apoyo al Comando Conjunto para el traslado de los camiones. Empero, ese mismo día, en una reunión con la Delegada Presidencial, el subcomandante del COA, teniente coronel Wálter Villalpando; el senador Abraham Cuéllar (ex UN) y Bandeira, este último señaló que, pese a que dispuso la escolta para el retorno de los camiones a Cobija, eso no fue posible por la negativa de los transportistas y comerciantes a hacerlo y no intervinieron por la fuerza porque necesitan una instrucción superior.
El Comando Conjunto depende del Ministerio de Defensa y no así de la Aduana Nacional.
Así, el 23 de agosto, los comerciantes, con el apoyo de los pobladores de Santa Rosa y de Montevideo, se enfrentaron con los militares y el COA y tomaron el pontón para que los camiones pasaran el río Abuná. Tras este hecho, el general López solicitó apoyo a los ministerios de Defensa y de Gobierno para que coadyuvasen en la retoma de los vehículos, pero ese pedido no fue atendido.
Operativo Retorno se suspendió por una llamada
El operativo de vuelta de los 33 camiones retenidos en Santa Rosa del Abuná por contrabando a la Zona Franca de Cobija se suspendió por una llamada telefónica. El subcomandante de Control Operativo Aduanero (COA), teniente coronel Wálter Villalpando, recibió instrucciones superiores para que mantuviera el Operativo Retorno en “suspenso”.
El 1 de agosto debió llevarse a cabo el traslado de los 33 motorizados. La labor era coordinada por el Comando Conjunto de Cobija.
Informes de la Aduana Nacional a los que accedió La Prensa señalan que el administrador interino de esa Zona Franca, Mario Vásquez, recibió una visita de Villalpando en la que éste le informó que había recibido una llamada de “su comandante” quien le instruía que debía mantener el denominado Operativo Retorno en suspenso.
Los 33 camiones permanecían retenidos en la localidad de Santa Rosa del Abuná desde el 27 de julio, cuando el Comando Conjunto los retuvo de manera preventiva por haber violado la tranca del kilómetro 19 del COA.
Los informes de la Aduana señalan que se quiso efectuar un primer operativo de traslado el lunes 28 de julio, al día siguiente de la retención de los camiones. Sin embargo, los funcionarios de Aduana, Ministerio Público, cinco efectivos policiales y miembros del Comando Conjunto arribaron recién la madrugada del día 29. La comisión se reunió con los propietarios y con los comerciantes durante esa jornada y no logró convencerlos de retornar a la Zona Franca de Cobija. En esa reunión se recogió la primera amenaza de los propietarios de las mercancías, quienes iban a “tomar y quemar Aduana Cobija” si se les insistía.
El Comando Conjunto informó que no pudo ejercer ninguna medida de hecho porque no tenía “instrucciones superiores” para usar la fuerza, es decir, autorización del Ministerio de Defensa.
Luego del fracaso del traslado el 1 de agosto, Vásquez solicitó el 4 de agosto al entonces comandante del comando Conjunto y ahora prefecto de Pando, Rafael Bandeira, que coadyuvara en el traslado y además que reforzara la seguridad en la zona debido al hostigamiento de los pobladores de Montevideo que amenazaban con recuperar los 33 camiones por la fuerza. También le pidió que gestionara ante sus superiores refuerzos para llevar a cabo el operativo.
Ese mismo día, Bandeira, Vásquez, Villalpando, el senador Abraham Cuéllar (UN) se reunieron con la delegada presidencial de Pando, Nancy Texeira, para evaluar la situación. Sin embargo, el primero les dijo que no podía usar la fuerza porque para hacerlo se requiere una instrucción superior.
Según los informes, 200 familias provenientes de Montevideo y Santa Rosa permanecían en los alrededores de la zona y tenían por dirigente a uno de los propietarios de la mercancía, Jesús Chambi. El 23 de agosto durante todo el día, más de un centenar de contrabandistas armados tomaron el puerto del río Abuná y lograron habilitar el pontón para que cruzaran ese afluente.
Comisión citará al Ministro
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el contrabando de mercadería en 33 camiones emitirá hoy nuevamente las citaciones para que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el prefecto de Pando, Rafael Bandeira, y la delegada presidencial de ese departamento, Nancy Texeira, se apersonen a declarar.
Los tres ya fueron citados la anterior semana, pero no se presentaron ante esa instancia, sí lo hizo el ex presidente de la Aduana César López, pero el diputado de Unidad Nacional Arturo Murillo, vicepresidente de esa comisión, dijo no tener el detalle de las fechas.
Prevé que esas declaraciones serán tomadas en el transcurso de esta semana, así como de otros dos funcionarios de la Aduana.
Murillo recordó que las autoridades oficialistas fueron notificadas por la comisión; sin embargo, éstas no asistieron a prestar sus declaraciones. Informó que Bandeira pidió que le cambiaran la fecha pero que, pese a ello, no asistió a la reunión.
“Bandeira habló con (Javier) Zavaleta (presidente de la Comisión Especial) para pedir que le cambien la fecha y accedimos, sin embargo no asistió en ninguna de las dos fechas y luego yo lo vi en un programa de televisión diciendo que nunca fue citado”.
Murillo afirmó que el Ministro de la Presidencia mandó una nota en la que da cuenta de que la comisión no tiene la potestad para citarlo, que solamente podía convocarlo el Presidente de la Cámara de Diputados. Quintana negó ayer toda posibilidad de ser investigado pese a que, en declaraciones publicadas por este periódico, había admitido que estaba dispuesto a ser indagado.
Una vez tomadas las declaraciones de todos los implicados, la comisión, que cumple funciones de cabeza del Ministerio Público, deberá elaborar un informe final y efectuar las imputaciones a aquellos que presenten indicios de culpabilidad.
Consultado acerca de los intentos de inhabilitación del trabajo de la comisión debido a que hay una doble investigación, Murillo precisó que no tienen sustento porque “la Fiscalía inicialmente rechazó la investigación y fue recién allí donde empezamos nosotros, además el fiscal Carlos Gonzales acompaña” el trabajo que realizan.
Cuéllar no recuerda reuniones
El senador de Unidad Nacional y afín al MAS Abraham Cuéllar no está seguro de su participación en una reunión con funcionarios de aduana, el entonces comandante del Comando de Tareas Conjuntas y ahora prefecto de Pando Rafael Bandeira y con la delegada presidencial en Pando, Nancy Texeira, para discutir el problema de los camiones retenidos en Santa Rosa del Abuná.
En una comunicación telefónica, el legislador contó que no participó en “ninguna reunión” con funcionarios de aduana y la Delegada Presidencial. “Yo no estuve presente en esa reunión, no he tenido nada que ver con el caso de los contrabandistas”.
Un informe de la Aduana Nacional de Bolivia fechado el 4 de agosto da cuenta de una reunión para definir detalles del traslado de los 33 camiones retenidos en la localidad de Santa Rosa del Abuná en la que participaron Cuéllar y otras autoridades departamentales.
Cuando este medio leyó el informe al senador sobre su participación, éste aseguró que no lo recordaba. “Tendría que revisar mi agenda para precisar bien, llámame mañana”, dijo. Cuéllar es uno de los senadores que apoyan al oficialismo.
Detalles
La comisión que investiga el caso se constituye en cabeza de Ministerio Público.
El informe final podrá imputar a los que presenten indicios de culpabilidad.
El fiscal Jenaro Quenta declaró que el trabajo de la comisión es ilegal.
El ministro Quintana también cuestionó las citaciones emitidas por la Comisión.
La Fiscalía de Cobija citó a 114 involucrados en el caso del contrabando de 33 camiones .
Retomó el caso cinco meses después de que los hechos acontecieran en ese departamento.
Esta semana, los diputados prevén recibir las declaraciones del ministro Quintana.
Esa autoridad acusó ayer al senador Róger Pinto de estar ligado al contrabando.
Según el Ministro, cinco familias de ese departamento también se dedican a ese ilícito.
Dijo que Pinto y el ex prefecto Leopoldo Fernández extorsionaban a los comerciantes.
Repercusiones
Félix Rojas
Senador MAS
“El general López debería haber seguido las cosas como corresponden en el momento oportuno. Ahora Quintana tiene todo el derecho a seguirle un proceso por calumnia por las difamaciones que hizo López contra él. Quintana tiene mi confianza porque todo el tiempo ha demostrado honestidad y fidelidad al Gobierno, está bien que él exija una investigación”.
Arturo Murillo
Diputado UN
“¿Por qué no empezó el juicio en cuanto, según él, incumplió sus deberes, cuando pasaron los camiones? ¿Por qué se está acordando en diciembre, qué ha pasado ahora? Parece que las palomas les están disparando a las escopetas. Quintana, Bandeira, el capitán Abastoflor tienen que entrar a un proceso judicial, y los demás, a una profunda investigación”.
Mario Justiniano
Diputado MNR
“Es un gran cinismo de parte de Juan Ramón Quintana. Todos sabemos que el general (César) López no actuó porque estuvo presionado por ese Ministro y el prefecto (Rafael) Bandeira. El general López tiene la responsabilidad porque él debió hacer la denuncia en el momento debido, pero en el fondo del problema se encuentra el Ministro de la Presidencia”.
Carlos Böhrt
Senador de Podemos
“Un proceso por incumplimiento de deberes tendría que hacerlo el Ministerio Público o el Ministerio de Hacienda, pero no Quintana. Dadas las condiciones del tema, el denunciado se vuelve el denunciante. Quintana debería estar bajo observación del propio Gobierno dado lo delicado del asunto. Es una medida apresurada de Quintana porque él es el implicado”.
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