OPINION/Víctor Gijón
Justicia y responsabilidades políticas
martes 09 de diciembre de 2008, 09:43h
Actualizado: 10 de diciembre de 2008, 07:23h
Este lunes se cumplió un año de la tragedia del Cabildo de Arriba. Años de desidia, por ser suaves en el análisis, acabaron por poner de manifiesto que a cien metros del Ayuntamiento imperaba la ley de la selva especulativa. Las zonas de sombra de una ciudad dual como Santander suelen aflorar en las páginas de sucesos.
En el derrumbe del Cabildo de Arriba, que costó la vida a tres vecinos, todavía trabaja la justicia --lenta y tengo dudas que segura--. Pero ello no es excusa para que no se hayan depurado responsabilidades políticas. Es evidente que el abandono del histórico barrio santanderino tiene responsables por acción y por omisión.
Entre los primeros, varios equipos de Gobierno del PP, el último presidido por Gonzalo Piñeiro, que rechazaron una tras otra las peticiones de la oposición para acometer la reforma y rehabilitación del barrio. Por omisión también hay responsables municipales. Por ejemplo los técnicos que no ‘vieron’ como con una licencia para arreglo de fachada y techo se derribaba un edificio, causa fundamental del siniestro que acabó con la vida de tres vecinos.
Ni un cese, ni un rapapolvo público para los funcionarios y los responsables políticos de que aquellos no ejercieran las funciones para las que se les paga. De las responsabilidades de la empresa u otros deberán dar cuenta la justicia, pero las políticas deberían estar ya depuradas y ello depende, única y exclusivamente, de quienes gobiernan la ciudad, empezando por su alcalde, Iñigo de la Serna.
El Cabido es herencia del pasado, como Mercasantander, pero ello no impide adoptar decisiones que demuestren en la práctica, y no sólo de palabra, que las cosas están cambiando. En el caso del desfalco en la empresa pública comercializadora ha pasado un año y medio sin que la justicia --lenta y ya veremos si segura-- haya agarrado el toro por lo cuernos. Pero es que en el Ayuntamiento no se ha tomado ninguna decisión ni nadie ha pagado precio alguno por no haber sabido cuidar los bienes públicos.
Que se haya recuperado el dinero sustraídos es atenuante pero no eximente de responsabilidades políticas en quien tenia la máxima autoridad en Mercasantander y no la ejerció: el ex consejero de Hacienda con el PP, Juan José Fernández, que a estas alturas si tuviera un mínimo de decencia ya llevaría dimitido meses. Pero a quien no dimite, se le cesa y punto.
Tanto en el caso Mercasantander como en el Cabildo de Arriba, el equipo municipal de gobierno del PP ha actuado a la defensiva, criticando a la oposición por criticarles, pero sin adoptar medida alguna. Todavía esta a tiempo de cambiar el paso.
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