PSM, IU y UGT reclaman a Aguirre que acate la sentencia del Supremo sobre EpC

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, celebró la decisión del Tribunal Supremo (TS) de respaldar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y reclamó a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, una solución inmediata para los alumnos que objetaron.

"El Tribunal Supremo ha dado a conocer un fallo que establece que Educación para la Ciudadanía es una asignatura como cualquier otra y que asistir a sus clases es obligatorio para todos los estudiantes de España, incluidos los de la Comunidad", destacó Menéndez. Asimismo, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, exigió a la presidenta regional, que acate sin dilación la decisión del Supremo--en contra de la posibilidad de alegar objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía (EpC)-- con el fin de conseguir "la normalización de la vida académica" y para que los estudiantes madrileños "cursen esta asignatura cuanto antes".

Sabanés reclama a Aguirre que "cumpla la Ley"
IU por su parte reclamó al Gobierno regional que deje de promover la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) y que cumpla la Ley. "El Gobierno regional debe dar marcha atrás inmediatamente, dejar de promover la objeción a esta asignatura obligatoria y garantizar que se cumple la ley", afirmó la portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés.

Así, Sabanés reclamó una rectificación inmediata y el reconocimiento de que Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe impartirse en todos los centros de la región y a todos los alumnos". Además, dijo que "Aguirre siempre ha declarado que acataría la sentencia del Supremo, por lo que ha llegado la hora de demostrarlo".

UGT asegura que es "una asignatura como cualquier otra"
La Federación de Enseñanza de la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT) advirtió este miércoles de que "los iniciadores del conflicto" con la asignatura de EpC "seguirán haciendo ruido" pese al fallo del Supremo que hoy les ha quitado la razón, al denegar el derecho a la objeción de conciencia frente a la materia.

En un comunicado, el sindicato celebra la decisión del Supremo porque considera "clarificado jurídicamente" que se trata de "una asignatura como cualquier otra" y por tanto "es de obligado cumplimiento para todos los estudiantes de España". A su juicio, un fallo en sentido contrario habría supuesto "un retroceso importante para promover una cultura de derechos humanos en los centros escolares".

El PP "seguirá dando la batalla"
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, avisó que su formación política "va a seguir dando la batalla política contra el adoctrinamiento" de la asignatura Educación para la Ciudadanía y anunció que "respaldará a las actuaciones que emprendan en el futuro los padres" objetores.

Alonso considera que la resolución "no exculpa las posturas de división, intolerancia y adoctrinamiento que ha seguido el PSOE" en materia de educación y especialmente con esta asignatura y pidió al Gobierno "prudencia en un momento en el que se sabe muy poco sobre la sentencia". Preguntado por si el PP apoyaría que los alumnos objetores no acudan a esta asignatura en contra de la sentencia del TS, Alonso dijo que los padres "deben valorar la manera de recurrirla" pero precisó que "la ley hay que cumplirla".

La Iglesia afirma que irá "donde haga falta"
La Iglesia de Madrid por su parte manifestó que se irá "a donde haga falta" para defender los derechos fundamentales de los padres. "Vamos a seguir animando a todas las plataformas de padres y, desde luego, seguiremos yendo al Tribunal Constitucional o al de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque están en juego los derechos fundamentales de los padres, a los que no podemos renunciar". La Conferencia Episcopal Española (CEE) confirmó que no va a hacer ninguna declaración. "Hasta que no haya sentencia, no habrá declaraciones", afirmaron fuentes episcopales.

Incluso desde el Vaticano, el cardenal prefecto de la Congregación Pontificia para la Educación Católica , Zenon Grocholewski, manifestó este miércoles su preocupación ante la negativa del Tribunal Supremo a reconocer el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Dentro de pocos días, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, visitará España y, con toda probabilidad, se reunirá con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El Defensor del Menor reclama consenso
El Defensor del Menor de la Comunidad, Arturo Canalda, afirmó que respeta la decisión del Supremo, pero reclamó consenso y que las Administraciones y asociaciones de padres intenten llegar a un acuerdo al respecto para que, independientemente de lo que establezcan en un futuro los Tribunales, la medida no afecte a los niños cuyos padres decidieron objetar y que, por lo tanto, no han cursado la asignatura este curso escolar.

Canalda explicó que, a falta de leer el texto íntegro de lo que ha acordado el Supremo, no tiene "nada que decir" respecto a la decisión de la Justicia, ya que es "tremendamente respetuoso" con ella, pero apuntó que ahora "nos encontramos con un problema: hay unos niños que no han cursado la asignatura porque los padres han recurrido. A ver cómo les afecta lo menos posible", señaló Canalda, que se centró "no en el hecho y en el fondo" de la decisión de la Justicia, sino en "intentar garantizar que los niños no estén afectados".