Solo la manipulación partidista del MPD entre los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores puede hallar alguna justificación para invocar el derecho a la resistencia con el objeto de negarse a la evaluación y considerar un triunfo que los maestros no se sujeten a ella.
El art. 98 de la Constitución garantiza a "los individuos y colectivos... ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público... que puedan vulnerar sus derechos constitucionales..." A pesar de las reiteradas ambigüedades que caracterizan el texto de Montecristi, acogerse a la resistencia para cualquier decisión de una autoridad, llevaría al mayor caos e ingobernabilidad. Si el Ministerio de Educación no tiene potestad para aplicar un sistema de evaluación para los maestros de los centros de educación del Estado, no lo tiene para nada.
La evaluación docente es un proceso habitual en la mayor parte de centros de enseñanza del mundo. Ni los planes de mejoramiento académico de los maestros ni mucho menos aspirar a corregir las fallas en la enseñanza y a elevar la calidad de la educación son factibles sin desarrollar sistemas de evaluación periódica del desempeño docente.
Es falsa la aseveración de los dirigentes de la UNE que la evaluación propuesta por el Ministerio tenga fines persecutorios contra los profesores. En la primera etapa, quienes obtienen calificaciones entre aceptables y altas contarán sea con una bonificación, sea con estímulos de cursos y seminarios de perfeccionamiento docente. Solo en una segunda etapa, tras haber contado con una oportunidad de reactualzar sus conocimientos y destrezas, no pasar las pruebas de evaluación puede implicar el retiro del profesor.
El derecho a la resistencia, en realidad, podría ser invocado por padres de familia y estudiantes para exigir una educación de calidad y exigir a los maestros que rindan cuentas del cumplimiento de sus deberes docentes.
Opinión de HOY
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