El coordinador de IU, Cayo Lara, ha propuesto un bloque de medidas como base para un amplio pacto de Estado que ataje la corrupción político-económica que recorre España de norte a sur. El acuerdo político que pide IU contiene 20 medidas que van desde el aumento de las penas y del periodo de inhabilitación para cargos públicos corruptos, hasta la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y la aplicación de formas de control democrático a las contrataciones públicas.
IU parte de la consideración de que la corrupción está íntimamente ligada al modelo productivo dominante en España y que pone en grave peligro la democracia, alentando el populismo y la 'berlusconización' de la política. A este respecto, la coalición de Cayo Lara propone que el acuerdo de Estado anti-corrupción se concrete en el Parlamento, después de un Pleno Extraordinario, y que se extienda luego a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Mejora en la eficacia de la persecución de delitos
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El primer bloque de medidas propuesto por Lara se refieren a la persecución de los delitos de corrupción, para lo que IU propone el endurecimiento de las penas en el Código Penal, la ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y la limitación de regalos e invitaciones de los empleados públicos.
Junto a lo anterior, IU propone dotar de medios a las Fiscalías Anticorrupción y de los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas y a la Agencia Tributaria para la investigación de los patrimonios que no se correspondan con los ingresos declarados, apertura de procedimientos de urgencia en las diligencias judiciales relacionadas con la corrupción política, y, sobre todo, y ésta es la gran novedad, considerar la responsabilidad subsidiaria para las Instituciones Financieras que colaboren en ocultación de bienes, evasión de capitales y operaciones en paraísos fiscales de los condenados en delitos vinculados a la corrupción.
Medidas para el control democrático de la contratación
En otro bloque de medidas para frenar la corrupción urbanística, IU propone el establecimiento de Comisiones de Control y Seguimiento de la contratación y las externalizaciones en Departamentos Ministeriales, Consejerías, Organismos y Ayuntamientos con participación de representantes de los trabajadores y, en su caso, de los partidos de oposición y de las Asociaciones de Vecinos.
Igualmente, la formación de Cayo Lara propone la creación de una Comisión parlamentaria Especial y Comisiones homólogas en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.
Medidas legislativas
Todo lo anterior necesita de una reforma legislativa que IU centra en las siguientes leyes: Ley Electoral General, Ley de Financiación de Partidos Políticos, Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Financiación Local que garantice el principio de suficiencia.
También piden la incorporación al ordenamiento legal español de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), y desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley del Suelo.
Medidas para la transparencia de la gestión pública
En un último bloque de medidas, IU propone la regulación con criterios de austeridad de los salarios de los cargos públicos, así como un nuevo y claro sistema de incompatibilidades.
Paralelamente, Lara pide un acuerdo para la creación de un registro público de recalificaciones de suelo y aumento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas, la creación de un registro de tenederos de billetes de 500 euros y la aplicación de un "Código ético del cargo público".
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