Carrera política: “cuestionable”

A la carrera política, durante la antigua Roma, se la denominaba cursus honorum. Para desempeñar un cargo público, los interesados en hacer carrera política, eran conscientes de que no obtendrían ningún honorario por su oficio, es más, en la mayoría de los casos, aportaban su propio dinero para sufragar sus gastos. Era un prestigio y un honor poder desempeñar un cargo público, además, en esa carrera de honores se establecía el orden y la jerarquía por las que se regían las magistraturas romanas, así como el modo de hacerlas cumplir. Estamos de acuerdo, que ha pasado la friolera de dos mil años y los cambios, a la hora de desempeñar una carrera política, son sustanciales. Pero lo que también ha cambiado, para mal de muchos, es el concepto, la función, el modo y el orden, y, sobre todo, la opinión pública y general que tenemos la mayoría de los ciudadanos de los políticos. Es notorio, e incluso, vergonzoso, que en los últimos años, se haya puesto de moda la corrupción entre la clase política. Los casos son múltiples, y están repartidos por toda la geografía española. Por tanto, no es de extrañar que la opinión ciudadana esté bastante crispada. Se supone que son empleados públicos durante un período de tiempo determinado, cuya función es la de trabajar por el bien común de todos los ciudadanos. Si en la antigüedad, un empleado público -en el sentido de persona que hace carrera política- era considerado una persona de honor, en la actualidad, su honorabilidad deja mucho que desear. Llevamos varios años en los que se ha convertido por costumbre, leer en los medios de comunicación el descubrimiento de un nuevo caso de corrupción en un Ayuntamiento determinado, o en una Consejería…, casos muy bien conocidos en nuestra Región, independientemente del partido político que gobierne. Para las próximas elecciones del 22 de mayo, la mayoría de listas electorales -tanto autonómicas como municipales- están salpicadas de miembros imputados en causas relacionadas con corrupciones urbanísticas, lo que hace que se cuestione la integridad de esos partidos políticos: ¿Cómo se les ha ocurrido incluir en sus listas a semejantes miembros? ¿Hasta dónde vamos a tener que aguantar esta situación? Hay ciudadanos, próximos electores, que están pidiendo una reforma de la Ley Electoral, e incluir un sistema de listas abiertas, pero la cuestión es si realmente este sistema funcionaría de verdad. Lo más sensato sería que los propios partidos políticos vetasen a esos miembros corruptos. Ellos tienen la responsabilidad y el deber de llevar unas listas electorales impolutas, con miembros implicados en el futuro trabajo público que pueden llegar a desempeñar, y no incluir a carroñeros, que solo quieren aprovecharse de sus cargos públicos y las relaciones personales que acarrean esos cargos para beneficio propio. Sin embargo, la realidad es muy distinta, y somos los ciudadanos de a pie, los que sufrimos las consecuencias del mal funcionamiento de nuestro sistema político, y no por su planteamiento teórico, sino por su mala praxis. A pesar de todo, no debemos perder la esperanza, debemos ir a votar y ejercer un derecho reconocido constitucionalmente, pero también debemos seguir luchando por una clase política más honrada.