Prada se reunirá con Fernández Bermejo para plantearle una reforma de la justicia
La Comunidad reclama 90 nuevas unidades judiciales
viernes 20 de julio de 2007, 14:22h
Actualizado: 10 de octubre de 2007, 11:36h
La Comunidad de Madrid solicitará al Ministerio de Justicia la creación de 90 nuevas unidades judiciales para la región, una cifra que goza del acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que sería fundamental para empezar a afrontar la grave situación que vive la justicia madrileña.
El vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, reclamó que las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en materia de justicia tengan mayor peso y capacidad de decisión, “ya sea determinando el número de órganos judiciales que se crean cada año dentro de nuestro territorio o ya sea simplemente decidiendo dónde o a qué orden se atribuyen los juzgados que el Ministerio tiene capacidad para crear en
función de las necesidades”. Así lo expresó en la clausura del curso 'El factor de la justicia en la construcción del orden social', celebrado por la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez.
“Las Comunidades Autónomas", explicó el vicepresidente segundo, "asumimos la práctica totalidad del gasto y se supone que podemos gestionar los medios materiales en justicia; sin embargo, se nos niega esta capacidad de decisión”. Prada, que se reunirá con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la próxima semana, planteó la necesidad de llevar a cabo una reforma integral de la Justicia que, sin desvirtuar la esencia del Poder Judicial, adapten su estructura y su funcionamiento a las necesidades de la sociedad actual. Esta reforma se debería apoyar, según el titular de Justicia del Gobierno regional, sobre cuatro pilares: la reforma del sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial, que acabe con la imagen de “politización” que se está ofreciendo a la ciudadanía; la revisión del Estatuto del Ministerio Fiscal; una modificación profunda de la legislación procesal; y la actualización de la planta judicial, otorgando
mayor peso y capacidad de decisión a las comunidades autónomas en
este ámbito.
“No puede ser", concluyó Prada, "que la Justicia siga siendo la “hermana pobre” de la administración pública española. Y no puede ser que en pleno siglo XXI, con un estado de derecho y un sistema democrático firmemente consolidados, sigamos permitiendo la existencia de una justicia lenta, obsoleta e impropia de una sociedad tan avanzada como es la nuestra. Afrontar su modernización y convertirla en una
administración rápida, eficaz y accesible al ciudadano es el gran reto al que ha aceptado enfrentarse el Gobierno regional, y en ello estamos poniendo grandes dosis de esfuerzo presupuestario e ilusión por hacer las cosas bien”.