"La seguridad vial se ha convertido en un objetivo nacional de primer orden para acabar con unos niveles de siniestralidad intolerables", afirmó hoy el Gobierno. El sistema penal se concibe como complementario de la tarea que, en este campo, desarrolla el derecho administrativo, teniendo en cuenta, además, la necesaria adaptación al sistema de carné por puntos, puesto en marcha desde primero del mes de julio. La reforma recoge los trabajos de la comisión parlamentaria a tal efecto.
Dentro de este ámbito se han valorado medidas que han resultado eficaces en otros países. Así, la persona que conduzca cuando el permiso le haya sido retirado por sanción administrativa o judicial será castigado con prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del carné de uno a seis años.
En cuanto al régimen penal especial previsto para los delitos cometidos contra la seguridad vial que lleven a cabo los conductores profesionales de vehículos colectivos o de transporte en el ejercicio de su empleo, oficio o profesión, se prevé la posibilidad de que el juez module la pena en los casos de infracciones temerarias.
Se perseguirá a los conductores ebrios "con la Ley en la mano"
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "no se puede conducir bajos los efectos del alcohol", y que quien lo haga "será perseguido con la Ley en la mano".
Además, en referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la conducción con una tasa cinco veces mayor a la permitida, Fernández de la Vega afirmó que se "soluciona en su integridad el problema" con la reforma del Código Penal, aprobada hoy en Consejo de Ministros, en la que se establece una tasa de alcoholemia concreta considerada delito.
"Conducir bajo los efectos del alcohol es una temeridad en grado superlativo, y además es un delito", indicó la vicepresidenta primera del Gobierno. Por este motivo, se van a seguir extremando los controles de alcoholemia y se va a "perseguir" a los conductores ebrios "con la ley en la mano", añadió.
En este sentido, fuentes gubernamentales señalaron que el Ejecutivo confía en que cualquier interpretación de la ley que se haga tenga en cuenta la nueva normativa, dado que ya está remitida al Congreso, aunque no esté aprobadada.