Según avanzó durante el debate de este punto la consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, las modificaciones proporcionarán un marco homogéneo para la gestión de las ayudas, además de introducir factores de "mayor control y transparencia" en la concesión de las mismas, y de facilidad para los solicitantes.
El portavoz de Economía del PP, Miguel Ángel Monserrat, defendió las siete enmiendas --cuatro de las cuales fueron retiradas, dos aprobadas y una transada-- que llegaron 'vivas' a pleno tras su paso por Comisión; quien defendió excepciones en la Ley "para que no sea tan rígida" pero también la inclusión de medidas para "evitar la discrecionalidad".
A su juicio, es necesario saber porqué, cómo y a quién se han concedido las subvenciones y ayudas, pero también lo es conocer las excepciones que se están autorizando en el texto legislativo, a fin de lograr un "mayor nivel de transparencia y tranquilidad" de los administrados, ya que la discrecionalidad "sería "perjudicial" y un "volver atrás en el tiempo".
Desde el PSOE, la parlamentaria Dolores Parra, quien recriminó al Partido Popular algunas contradicciones, y se mostró abierta a llegar a un acuerdo con los 'populares' en torno al texto, recordó a la oposición que la conveniencia de elaborar una Ley de Hacienda fue aconsejada por el Tribunal de Cuentas en 1993.
Entre las modificaciones aprobadas hoy, que aprovechan para adecuar la normativa regional a la entrada en vigor de la Ley Estatal General de Subvenciones, figura la de que los beneficiarios de las ayudas tengan su domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma, salvo excepciones por razón del objeto o finalidad de la ayuda.
Si (
No(
