El Presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo que estará a cargo de Gustavo Jalkh.
El representante de esta nueva cartera de Estado se encargará de apoyar el proceso de mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones del sector de justicia, coordinar las acciones para garantizar el efectivo acceso a una justicia de calidad y oportuna, establecer nexos de apoyo a la función judicial y al Ministerio Público para la búsqueda de solución a los conflictos que se generan en los centros de rehabilitación social e impulsar la implementación de mecanismos adecuados de difusión de los derechos humanos.
De igual manera, tendrá que coordinar con el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) el diseño e implementación de programas de prevención y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, además tendrá la obligación de vigilar que el sistema penitenciario del país no entre en crisis por la sobrepoblación y de llevar el registro estadístico de los internos en los diversos centros de rehabilitación social.
Por otra parte, es responsabilidad de este Ministerio la administración de los centros de internamiento de adolescentes, por lo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en un plazo de 180 días tendrá que realizar la transferencia respectiva.
El Ministro de Justicia, Gustavo Jalkh.
Gustavo Jalkh.- Tiene una formación académica en diversas ramas del Derecho, obtenida en diversas Universidades del continente americano y europeas. Posee 16 años de experiencia profesional general como abogado en ejercicio desde 1990 y 10 años de experiencia específica en la administración de proyectos relacionados con el mejoramiento de la Administración de Justicia y la implementación de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), temas en los que se ha desempeñado como consultor internacional con varias agencias de cooperación internacional. Ha coordinado varios grupos de trabajo en los que se desarrollan propuestas de reforma legal atinentes a la Función Judicial. Es mediador certificado desde 1997.
De igual manera, ha desempeñado funciones en varios programas como el de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, ONG especializada en temas de Reforma Judicial y Acceso a la Justicia, en la Unidad de Coordinación del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador (Projusticia), en el Programa de Modernización del Sistema Jurídico del Ecuador, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y entre otros.
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