El Congreso de los Diputados no debatirá antes del verano la admisión a trámite de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, aprobada por PSOE y PP en las Cortes de la región en enero de 2007 pero cuya revisión en la Cámara Baja se ha ido retrasando, sin que ninguno de los dos partidos reclamen agilidad. En medio del debate sobre el agua y los trasvases, el texto establece el fin del Tajo-Segura, pactado por los dos grandes partidos en Castilla-La Mancha pese al rechazo de sus compañeros de la Comunidad Valenciana o Murcia.
El Congreso mantiene la costumbre de tramitar los proyectos de iniciativa autonómica en el primer pleno mensual, pero hoy quedó fijado el pleno de la semana que viene, primero del mes de junio, y este proyecto no figura. Puesto que el periodo de sesiones concluye, la iniciativa queda relegado hasta después del verano, al menos, a septiembre.
El proyecto estatutario suma 170 artículos en los que Castilla-La Mancha se define como Comunidad Autónoma no por su pasado ni por sus "peculiaridades históricas" sino en virtud de la Constitución de 1978 y manifiesta su contribución "con absoluta lealtad, solidaridad y sentido de la unidad al desarrollo autonómico, libre y democrático de España".
Sin embargo, el punto que más atención concentra es una disposición transitoria, la primera, en la que se establece que el Estado y la Comunidad Autónoma "velarán" para que el volumen de agua que se trasvasa de la cuenca del Tajo a la del Segura vaya disminuyendo, "hasta su definitiva extinción", que "en todo caso se producirá en 2015".
PSOE y PP aprobaron juntos esta redacción en las Cortes de Castilla-La Mancha y provocaron el rechazo de sus propios compañeros en la Comunidad Valenciana y en Murcia. El PP de esta segunda Región incluso ha dejado claro que recurrirá el Estatuto de sus vecinos si se aprueba con la actual redacción y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura recoge firmas en contra.
Podría replantearse el texto si existe un gran pacto nacional del agua
Hace más de un año que se aprobó en el Parlamento autonómico el texto y el debate sobre el agua no ha hecho sino extenderse, como lo prueba la discusión sobre el último trasvase aprobado, que llevará agua del Ebro a Barcelona.
En el caso del Tajo-Segura, PSOE y PP mantienen su determinación de que su fin quede recogido en el Estatuto, aunque han introducido algunas novedades en sus argumentaciones. El PSOE regional, en boca del viceportavoz del PSOE en las Cortes, José Manuel Caballero, ha explicado que aceptaría replantear el texto estatutario si se produce un "gran pacto nacional del agua" en el que se recojan las exigencias de Castilla-La Mancha.
Al mismo tiempo, la Junta añade que la fecha de caducidad en el Estatuto "puede mantenerse" porque está convencida de que antes de 2015 "se habrá acabado el trasvase", en palabras del vicepresidente del Gobierno, Fernando Lamata.
En esta misma línea se expresa la diputada del PSOE por Alicante, Juana Serna, quien en declaraciones a Europa Press señaló que el programa AGUA del Gobierno está obteniendo "nuevos recursos" para la Comunidad Valenciana, por lo que "la presión que se hace sobre el trasvase es cada vez menor".
La aprobación del fin del trasvase en una ley específica
Por parte del PP, se ha aprovechado la circunstancia para acusar a los socialistas de querer ahora suavizar el proyecto de ley y se asegura que se defenderá la actual redacción "a capa y espada". Pero su presidenta regional, María Dolores de Cospedal, explicó a la vez en una reciente cena del Club Siglo XXI en Madrid que hubiera sido mejor aprobar el fin del Tajo-Segura en una ley específica.
"No estaríamos expuestos a que el Estatuto sufriera rechazo y además, al bajar en cierto modo la presión sobre el asunto, la terminación del trasvase tal y como existe sería mucho más fácil", manifestó.
"Lo he creído siempre y así se lo dije en su día a José María Barreda, pero dijo que quería que fuera en el Estatuto porque pensaron que íbamos a decir que no. Pero dijimos que sí", agregó la dirigente 'popular' en el citado foro de debate.
Más de un año de espera
Hace casi año y medio que el Estatuto de Castilla-La Mancha espera su tramitación en el Congreso. Fue trasladado a la actual legislatura porque cuando llegó a las Cortes, se encontraban ya en tramitación las reformas de Canarias y de Castilla y León y la Comisión Constitucional, en la que se tramitan estos y otros proyectos, se encontraba colapsada de trabajo.
Junto a Castilla-La Mancha, también Asturias, Extremadura, Murcia, La Rioja Canarias y Cantabria, prevén ve reformados sus respectivos estatutos de autonomía durante la nueva legislatura y seguir el camino de otras seis comunidades en el pasado curso político.
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