El Partido Popular ha presentado este martes su recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que a partir del próximo 5 de julio permitirá abortar libremente en España en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22, y ha anunciado que "habrá que llevar" la derogación de la norma al programa electoral de los 'populares'.
El diputado del PP por Alicante y portavoz de Justicia de los 'populares',
Federico Trillo, la portavoz del partido en la Comisión de Igualdad del Congreso,
Sandra Moneo, y el diputado del principal partido de la oposición Santiago Cervera entregaron en el Alto Tribunal el recurso de inconstitucionalidad.
"El PP acaba de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del aborto socialista", explicó Trillo a los medios de comunicación. Así lo hizo, según explicó, por considerar "contrario al derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en 1985" que se permita abortar libremente en las primeras 14 semanas del embarazo.
Además, ha añadido que la ley "pretende que el aborto, lejos de ser una excepción y una práctica mala para la mujer y para la criatura, se convierta en un derecho indiscriminado". En este sentido, ha añadido que se hace "especial hincapié" en los preceptos que permiten a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin consentimiento de los padres.
Sobre si el PP derogará la ley si gobierna, Trillo afirmó: "Así se ha anunciado y habrá que llevarlo al programa electoral" del partido de cara a las próximas elecciones generales.
Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
Soraya Sáenz de Santamaría, había manifestado previamente en el Congreso de los Diputados que trasladaban a la tribunal "los mismos argumentos que hicimos valer en esta Cámara". "La ley de plazos es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", ha apuntado.
El texto
En el escrito, que está firmado por 50 diputados encabezados por
Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, se solicita al TC que suspenda la entrada en vigor de los ocho preceptos recurridos hasta que el tribunal decida si la norma es o no constitucional. La suspensión se prolongaría desde la admisión a trámite hasta la sentencia, lo que podría implicar años.
Sobre este último punto, Trillo ha alertado de que el derecho a la tutela judicial efectiva y el propio objeto del recurso "quedaría sin eficacia" y "habría perdido su objetivo" si no se aceptan las medidas cautelares.
El PP toma como "punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se estable la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación.
Además, critica que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra "ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus", algo que a su juicio va contra el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que "todos tienen derecho a la vida".
Asimismo, señala que la ley no explica por qué se ha fijado en 14 semanas (y no en 12 ó 16) el plazo para poder practicar en España el aborto libre, ni qué cambia en el feto para no poder ser protegido antes de ese plazo y sí después.
En cuanto a los casos en los que se puede abortar hasta la semana 22, el PP alerta de que el supuesto que permite interrumpir el embarazo si existe "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" puede ser un "coladero" aún mayor que el que siempre ha significado este motivo.
"Teorías eugenésicas"
Para el principal partido de la oposición, los supuestos en los que se puede abortar si hay "riesgo de graves anomalías en el feto" -"que parece que incluiría cegueras o sorderas de nacimiento, falta de miembros superiores o inferiores, o síndrome de Down", sostienen-, recuerdan a "teorías eugenésicas [relacionadas con la selección de la especie humana según perfeccionamiento] -de infausto recuerdo cuando fueron objeto de aplicación en la historia- que defendieron las tesis de 'vidas que no merecen la vida' ('lebensunwertes leben') o 'vidas que son una carga' ('ballastexistenzen')".
Así, los 'populares' indican en el escrito, elaborado por un equipo dirigido por Federico Trillo, que "el mantenimiento de la vigencia de un aborto eugenésico supone discriminar a los seres humanos discapacitados en relación con los demás".
El PP también recurre el apartado que permite a las menores abortar sin el consentimiento y, en algunos casos, sin el conocimiento de los padres. "Con la errónea concepción de respetar la libertad de la menor embarazada, se le priva de un asesoramiento de las personas más cercanas a ellas en convivencia y afecto que puede resultar fundamental a la hora de adoptar la mejor decisión respecto del aborto en sí".
Igualmente, defiende la objeción de los profesionales sanitarios y dice que este derecho debe estar garantizado, y se muestra contrario a que se imponga "la perspectiva de género en la enseñanza sanitaria y afectivo-sexual", que no sólo afecta a los derechos y libertades de alumnos y padres, sino también a los de los profesores.
Los 'populares' destacan que "el aborto es algo malo para la mujer, y en cuanto que es malo no puede ser considerado un derecho ni como un método de planificación familiar" y recalcan que "las mujeres abortan, en la mayoría de los casos, porque no se les ofrece otras alternativas".
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