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MODAS INFAMESA vueltas con el canon

Lunes 15 de agosto de 2011
La reciente crisis desatada en la SGAE (Sociedad General de Autores), ha traído como consecuencia inmediata la dimisión del puesto y la imputación judicial de su presidente y de alguno de sus directivos por un presunto delito de desvío de fondos y blanqueo de capitales. El fraude, en esencia, consistía en contratarse a sí mismo. Pero, a la trasgresión legal gestada desde la SGAE, hay que añadir otra, de menores consecuencias punitivas, pero de desprestigio social mucho mayor. Me refiero a la ausencia total de ética. Es algo así como si a un defensor a ultranza de la moral pública, lo pillan en la cama con la señora del quinto y no se le ocurre nada que decir cuando aparece el marido en cuya cara se dibujan por partes iguales el estupor, la perplejidad y el cabreo. En el caso, lo malo es que ese marido somos todos. Durante años, a los consumidores culturales españoles se nos ha impuesto una especie de complejo de culpabilidad por el mero hecho de pedir a un amigo que nos pase en un CD una copia de sus últimas composiciones, o al duplicar el último disco de Lady Gaga para escucharlo en el coche. Para evitar actos tan delictivos y reprobables como esos, se impuso el famoso canon digital, con el beneplácito de la SGAE, que venía a ser la declaración pública, cotidiana y permanente de que todos los que no somos intelectuales, creadores ni artistas habíamos sido declarados delincuentes convictos y confesos cada vez que hacíamos gestos comolos descritos. Y, para evitarlo, lo mejor era imponer el canon: ¡Que hacías la copia!, Por hacerla… ¡Que no la hacías!, Por si acaso. George Bush, el expresidente norteamericano, acuñó el término -eso sí, refiriéndose a la justificación de una intervención de su ejército en Irak- al hablar de “acción preventiva”. El concepto define también y perfectamente al canon. Revisión El 12 de julio pasado, el Congreso de los Diputados -sensible a las numerosas voces que se han alzado en los últimos meses contra el canon- votó favorablemente una proposición no de ley que insta al Gobierno a su supresión y a su sustitución por otra fórmula de compensación a autores y propietarios de contenidos que se ajuste más a las copias y usos realmente efectuados. Este es el momento ideal para revisar tranquila, sosegada y de forma concertada con las partes afectadas (autores, distribuidores,, consumidores, etc.) el marco legal de los derechos de la propiedad intelectual , a ver si, entre todos, somos capaces de encontrar la fórmula para que el derecho de propiedad intelectual de los autores esté garantizado del mismo modo y al mismo nivel que la presunción de inocencia de los consumidores culturales