> FACUA advierte de que los consumidores podrán impugnar el nuevo mecanismo tarifario tras las sentencias de Luxemburgo
Diariocrítico/Agencias | Lunes 03 de noviembre de 2014
Facua-Consumidores en Acción calcula que la tarifa media de la luz en
octubre es un 18,3% superior a la de enero, lo que implica un incremento
en términos absolutos de 12,38 euros mensuales.
Sin embargo, el incremento interanual del Precio Voluntario para el
Pequeño Consumidor (PVPC) es considerablemente inferior. De hecho, el
usuario medio paga un 3,4% más en octubre que en el mismo mes del año
pasado.
Facua indica que, con las tarifas vigentes en enero de este año,
el usuario medio pagaba 67,62 euros, un 16% menos que en enero de 2013,
así como 66,33 en febrero y marzo, lo que supone un 17,6% menos que en
los mismos meses del año anterior.
En abril pagaba 63,98 en abril (14,4% menos que un año atrás),
frente a 71,46 en mayo (4,4% menos), 75,31 en junio (0,7% más que en
junio de 2013), 73,88 en julio (2,4% menos), 75,87 en agosto (un 1,4%
más), 80,63 en septiembre (un 7,8% más) y 80 en octubre (un 3,4% más que
los 77,37 euros de octubre de 2013).
Los importes indicados para las facturas del usuario medio en los
tres primeros meses del año incluyen el descuento aplicado con
posterioridad a las tarifas que se habían aprobado de forma provisional,
explica la asociación de consumidores.
Por otro lado, Facua aprovecha la publicación de estas cifras para
reclamar al Gobierno que "ponga fin al oscuro sistema tarifario que ha
puesto en marcha" y asuma la sentencia del pasado 23 de octubre del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La sentencia establece que los usuarios de luz y gas deben ser
informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, "algo
que no ocurre en España", señala Facua, antes de considerar que, con el
nuevo mecanismo, "los consumidores españoles podrían impugnar las
tarifas de los últimos años".
La asociación espera que la Comisión Europea "tome medidas ante el
sistema tarifario español" y recuerda que ya denunció el pasado abril
al Gobierno de España ante Bruselas al considerar que la nueva fórmula
para fijar las tarifas eléctricas vulnera las directivas comunitarias
sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas.
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