Los abogados de la Infanta Cristina cargan en su nuevo recurso,
presentado este viernes en el Juzgado de Instrucción, contra la
"absolutamente desproporcionada e injustificada" fianza impuesta a la
hermana menor del Rey de casi 2,7 millones de euros, y piden al juez de
Palma José Castro dejarla sin efecto.
En el escrito, los letrados
Miquel Roca y
Jesús María Silva sostienen que no procede "la adopción de medida cautelar alguna" y, por tanto, tampoco el pago de una fianza, ya que ni el fiscal anticorrupción del caso --
Pedro Horrach-- ni la acusación particular en el caso Nóos --la abogacía del Estado-- pidieron llevar a la Infanta a juicio, y creen que la acusación popular --Manos Limpias-- no tiene legitimidad para hacerlo.
Pero, en todo caso, defienden que la fianza debería limitarse "a la probable responsabilidad civil y a las costas procesales pero no a garantizar las posibles penas de multa".
Lo
sostienen en un recurso contra "determinados pronunciamientos" del auto
de apertura del juicio oral y que han presentado pese a que no cabía
recurso alguno, ya que creen que están legitimados porque el juez
incluyó en el mismo resoluciones que tendría que haber resuelto
previamente y contra las que consideran que sí pueden apelar.
Por ejemplo, "la cuestión de la legitimación para solicitar la
apertura de juicio oral por un delito contra la hacienda pública debería
haberse resuelto en una resolución previa independiente".
"Lo contrario, como aquí ocurre, lesiona gravemente el derecho
fundamental a un proceso con todas las garantías que asiste a mi
defendida", sostiene el escrito.
Creen que
Castro aprovechó la imposibilidad de recurrir el auto
para introducir en él las cuestiones relativas a las fianzas y "de esta
manera vedar la posibilidad de recurso", lo que sostienen que vulnera el
derecho de defensa de la Infanta.
Los abogados también consideran que la 'pena de banquillo' que
conlleva la apertura de juicio oral afecta de modo desigual a los
acusados y, en el caso de la Infanta "tiene unos efectos, como es
público y notorio, probablemente inigualables en el ámbito nacional".
En definitiva el escrito pide al juez dejar sin efecto la fianza
impuesta por "falta de fundamento y desproporción" y declarar que Manos
Limpias carece de legitimidad para formular acusación por los delitos
contra la hacienda pública, por lo que insisten en pedir el
sobreseimiento de la causa contra
Cristina de Borbón.
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