Este jueves se ha sabido que son seis los dueños de empresas que participaron en esta irregularidad y que ahora, por lo que les interesa ante un juicio que comenzará el 13 de marzo, en plenas Fallas, y no quieren quemarse más allá de lo imprescindible. Estos seis, que para mayor regalo al Congreso del PP de este viernes, van a declarar en Madrid el mismo día ante a la Fiscalía Anticorrupción, se suman a los tres que ya habían aceptado hace unos meses ese acuerdo de conformidad para que se les reduzca la posible pena: Alejandro Pons, José Francisco Beviá y Enrique Ortiz.
Tanto para estos tres últimos como para los que se han sumado ahora esas condenas -jurídicamente por falsedad en documento mercantil- ya están solicitadas oficialmente por la propia Fiscalía y van de los cuatro a los seis años, por lo que, si no se reducen ahora por su arrepentimiento y confesión, entrarían en la cárcel al ser superiores a dos años. Además de los propios fiscales, obligados a ello, en el caso, que comenzó en el ya casi lejano 2008, el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) está presente como acusación particular.
Todo empezó cuatro años antes de la denuncia y primeras investigaciones, 2004, con la ya famosa Orange Market, propiedad de Álvaro Pérez 'El Bigotes', y pronto se extendió a otros dos de los también implicados en el caso Gürtel, como Francisco Correa y Pablo Crespo, y a otros empresarios como Juan Cotino -sobrino de quien fuera presidente del Parlamento Valenciano, Juan Cotino- y Ramón Blanco. Pero políticamente los acusados son los que entonces eran altos cargos del PP y de la Comunidad Valenciana en la que gobernaba Francisco Campos, como Vicente Rambla y Ricardo Costa, y otros tres más.