El tribunal responsable del fallo, que estuvo integrado por las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, ha condenado a Urdangarin a 6 años y 3 meses cuando inicialmente se enfrentaba a una petición de condena de 19 años y 6 meses de prisión por parte de la Fiscalía por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo, pero el tribunal ha reducido drásticamente ese margen. Ahora, la Fiscalía podría solicitar el ingreso inmediato en prisión para él y para su ex socio Diego Torres.
En cuanto a la infanta Cristina, sólo la acusaba el sindicato Manos Limpias, que pedía apara ella una condena de 8 años por colaboración en dos delitos, mientras que la Fiscalía únicamente la consideraba responsable a título lucrativo por un importe de 587.413 euros.
El fiscal Pedro Horrach siempre sostuvo durante todo el proceso, tanto en la instrucción del caso como en el posterior juicio, que ella no era administradora de las sociedades investigadas. Consideró que se la juzgaba por ser hija del rey Juan Carlos en su momento, ahora hermana del actual monarca, Felipe VI.
Entre los principales acusados figuraban también el antes mencionado Diego Torres, para quien la Fiscalía pedía 16 años y medio de condena y Manos Limpias 22 años y medio. Al final su condena ha sido de 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y multa de 1.723.843 euros. Su esposa, Ana María Tejeiro, también fue absuelta de delitos fiscales.
Por su parte, el ex presidente balear y ex ministro Jaume Matas, que estaba acusado de delitos de malversación, en concurso con prevaricación y falsedad, además de fraude, afrontaba peticiones de condena de 5 años. Ha sido condenado a 3 años y 8 meses de cárcel y 7 de inhabilitación por prevaricación y fraude.
Como curiosidad, el sindicato Manos Limpias ha sido condenado a pagar el total de las costas por el juicio a la infanta Cristina.
El 'caso Nóos', también conocido como 'caso Urdangarín', es un caso de presunta corrupción política que comienza en 2010 como un caso derivado del 'caso Palma Arena' al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres. Los cargos por los que fueron imputados y juzgados por la Fiscalía Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Las actividades delictivas habrían sido realizadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían, Nóos, así como de una red societaria de empresas asociadas a Nóos.