La Ley de Transitoriedad Jurídica, mantenida hasta ahora en secreto, fija la pregunta del referéndum soberanista que la Generalitat pretende convocar a finales de septiembre o principios de octubre: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?". Y señala que una mayoría de votos a favor de la independencia, por reducida que sea, y sin un límite mínimo de participación, ratificaría la decisión y la haría vinculante.
La mayoría independentista en el Parlamento catalán ha impuesto ya una reforma del reglamento de la Cámara que permitiría la aprobación exprés del texto, en apenas 48 horas, sin capacidad de reacción por parte de la oposición, la independencia se pondría en marcha.
La llamada ley de ruptura especifica quiénes tendrán la ciudadanía catalana, qué leyes españolas permanecerán en vigor, cuál será el destino de los funcionarios de la Administración Central o qué se hará con los bienes que tiene el Estado español en Cataluña.
En lo que se refiere a la administración de justicia en ese hipotético Estado catalán, deja entrever 3 claros propósitos, según informa EL PAÍS: un control riguroso del Gobierno catalán -sería el jefe de Gobierno quien nombrase al presidente del nuevo Tribunal Supremo-; la apropiación de todas aquellas causas que afecten a Cataluña y que están ahora en manos de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo español; y la voluntad expresa de "sobreseer o anular los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".