La estrategia de la defensa del ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pasa por el intento de paralizar la ejecución de la euroorden de detención amparándose en la falta de garantías judiciales a las que se enfrentaría en España.
Por este motivo, la Fiscalía ha remitido a la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional toda una batería de preguntas en relación con las garantías procesales y carcelarias en nuestro país que será determinante en la vista de la Cámara del Consejo que se reunirá este viernes a las 14h para decidir sobre la tramitación de la euroorden.
Entre otras cuestiones, la Fiscalía pregunta por la prisión concreta en que serían encarcelados y si sus características -dimensiones, calidad de la comida, servicios e higiene…- se ajustan a lo establecido en la Convención Europea de Derechos Humanos, tal y como avanzan 'El País' y 'El Periódico'. Además, pregunta expresamente por la posibilidad de que los detenidos queden encerrados en una celda de aislamiento y por la posibilidad de que puedan "verse confrontados con la violencia de codetenidos o hasta del personal de la cárcel".