El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha impuesto su criterio a los fiscales de sala que pretendían mantener en prisión provisional al ex conseller de Interior Joaquim Forn, acusado de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Por pura jerarquía dentro de la institución, Melgar ha hecho prevalecer su parecer solicitando al juez instructor de la causa soberanista, Pablo Llarena, que decretase libertad condicional bajo fianza de 100.000 euros por considerar que ya no hay riesgo de reiteración delictiva y que el ex consejero padece una enfermedad.
Forn lleva en prisión desde el pasado 2 de noviembre y esta vez no ha querido estar presente en la sala del Tribunal Supremo donde se dirime su recurso. Ya vio en dos ocasiones anteriores como el juez, siguiendo el criterio de la fiscalía, rechazaba sus solicitudes de excarcelación.
Sólo hace una semana, el equipo de fiscales que lleva el caso se posicionó en contra de la excarcelación del ex consejero alegando reincidencia delictiva -a pesar de que públicamente haya abandonado la política-, por lo que sorprende el giro de los acontecimientos. Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox insiste en que no hay motivos para permitir su salida de prisión.
En cambio para el diputado de JxCAT y aún candidato a la investidura en Cataluña, Jordi Sánchez, ha reclamado mantener la prisión incondicional. No obstante, el abogado del ex presidente de la ANC habría manifestado ante el tribunal que su cliente está dispuesto a renunciar a su escaño y a la política, con la consecuente retirada de su candidatura a la presidencia de la Generalitat, si fuese esta condición para acceder a la libertad.