Su recepción será "respetuosa y acogedora", para que su intimidad y tranquilidad sean respetadas, según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ya ha descartado la presencia de políticos, y ha asegurado que serán los expertos quienes gestionen la llegada, siguiendo los protocolos.
Calvo ha aseverado que el Gobierno atenderá todas las peticiones de asilo; "estamos hablando de migrantes que van a llegar a lugar seguro y tendremos que ver cada situación, para eso Interior tiene la oficina específica, seguiremos el protocolo con entrevistas personales con cada uno". En estas entrevistas se decidirá el estatutos jurídico que adquieren los migrantes, ya que de no obtener el estatutos de refugiados, "serán enviados a 'centros de extranjeros' y otros a centros de atención sanitaria, dependiendo de sus circunstancias".
La vicepresidenta ha explicado que hay un comité de seguimiento en el que están implicados 6 ministerios, que coordinarán la atención individualizada a cada caso, y que la preocupación fundamental del Gobierno "son los menores, especialmente quienes llegan solos, y que han podido ser objeto de delito, así como las mujeres, que pueden ser víctimas de la trata y tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual; estaremos atentos a cada una de las situaciones posibles".
Calvo ha defendido la decisión del Gobierno de acoger a los migrantes del 'Aquarius' y aunque no ha aclarado si volverá a actuar de la misma forma ante 'otros Aquarius', ha manifestado que España cumplirá con sus compromisos en materia de acogida y política migratoria. "Esta es una situación que concierne a Europa, esta es una frontera también de Europa, el puerto de Valencia, pensamos que nuestra decisión obliga a Europa a responder sobre el respeto a los derechos humanos".
La vicepresidenta del Gobierno ha defendido que la "seguridad de las fronteras no está reñida con el escrupuloso respeto de los derechos humanos", y ha puesto como ejemplo la intención de Interior de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, avanzada por el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska. "Somos una democracia garantista en el respeto de los derechos humanos", ha insistido.