Desde tiempos inmemoriales, el PP se ha opuesto frontalmente a lo que ellos llaman "pacto de perdedores". Es decir, al parlamentarismo del sistema electoral de España, donde ganar las elecciones no implica la gobernabilidad si no eres capaz de pactar con los demás grupos que, a su vez, cuentan con una representación proporcional.
En este sentido, aunque la nueva dirección del PP encabezada por Pablo Casado lo es pese a no ganar la consulta realizada a la militancia -Soraya Sáenz de Santamaría quedó primera-, la formación no ha cambiado su discurso. Es más, en su primera intervención ya como presidente, Casado habló de cambiar la ley electoral para municipios y comunidades autónomas. Y en ello está.
El pasado martes, cuando se cumplía apenas semana y media de su 'toma de posesión', Dolors Montserrat, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, presentó en el hemiciclo la propuesta del partido: evitar que haya "alcaldes perdedores" que, gracias a su "capacidad" de "interpretar la voluntad popular a su antojo y conveniencia", logren gobernar sin ganar los comicios.
Para evitarlo, proponen la modificación del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1958 del Régimen Electoral, donde pretenden incluir varias acepciones con las que pretende eliminar las mayorías simples y los pactos entre partidos que no ganen los comicios, bien a través del otorgamiento de la mayoría de ediles o bien a través de una segunda vuelta.
Para que no se vuelva a votar, la reforma de los populares expone que se le dará "automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el ayuntamiento" a aquel partido político que haya superado el 35 por ciento de los votos válidos emitidos y distancie al menos en cinco puntos porcentuales a la siguiente candidatura. En caso de no lograr dichos votos, la segunda opción contempla que pueda adjudicarse la mayoría de concejales de la corporación a la formación que obtenga más del 30 por ciento de las papeletas y supere, a su vez, en diez puntos a la siguiente opción.
En caso de no producirse ninguno de estos supuestos, el PP 'condena' a todos los partidos que tengan más del 15 por ciento de los votos a una segunda vuelta que puede producirse entre dos o más fuerzas. En la misma, la formación ganadora debería obtener más del 40 por ciento de los votos o distanciar en al menos siete puntos al segundo grupo político, dándole de esta forma la mayoría absoluta de la cámara municipal competente. En caso de no darse ninguno de estos extremos, la reforma prevé que la atribución de los concejales se haga siguiendo el procedimiento actual, el representativo.
Segunda vuelta en Madrid, Alcalá o Leganés; gobierno popular en Móstoles y Fuenlabrada
Pese a que las dificultades parlamentarias que tiene el PP desde las últimas dos elecciones nacionales, agravadas tras la moción de censura, hacen que la probabilidad de que la propuesta salga hacia adelante sea casi nula, si el Gobierno de Mariano Rajoy la hubiera hecho suya para las elecciones municipales de 2015 -cuando tenía mayoría absoluta en la Cámara Baja-, muchas cosas habrían cambiado -a priori a su favor- en los ayuntamientos de los veinte municipios con más población de la Comunidad de Madrid, empezando por la capital. Además, en cierta forma, también se hubiera enmendado la vuelta del cinturón rojo y el fin de las mayorías absolutas.
Las elecciones a la Alcaldía de Madrid las ganó Esperanza Aguirre, pero lo hizo con una asimetría parlamentaria que le impedía gobernar puesto que no sumaba mayoría junto a Ciudadanos. Esto dio lugar a que fuera Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid, la que cogiese el bastón de mando, una foto que podría no haberse producido si esta reforma hubiese entrado en vigor antes. Según el documento de Casado, los ciudadanos capitalinos habrían tenido que elegir a su alcalde en una segunda vuelta entre los tres implicados: Aguirre (34,55 por ciento), Carmena (31,85 por ciento) y Carmona (15,28 por ciento).
Móstoles es uno de los casos donde el PP se hubiera visto más beneficiado. Actualmente, el municipio lo gobierna la socialista Noelia Posse tras la dimisión de David Lucas, pero ninguno de los dos habría portado el bastón de mando con la reforma de Casado. El Consistorio lo hubiera gobernado un PP que, meses después, hubiera visto cómo su líder, Daniel Ortiz, era imputado por Púnica.
El caso de Alcalá es similar al de Madrid. Gobernado por una fuerza progresista, el alcalde Javier Rodríguez Palacios se hubiera tenido que enfrentar en una segunda vuelta al PP y a Somos Alcalá, primero y tercero respectivamente en las pasadas elecciones.
El alcalde socialista de Arganda, Guillermo Hita, se ha mostrado hace apenas unas semanas dispuesto a repetir en el cargo porque su proyecto "no se ha desarrollado en su totalidad", algo que quizás se hubiera producido de contar con la mayoría absoluta que le hubiese dado ganar una segunda vuelta al PP, partido que ganó las elecciones pero no pudo formar gobierno.