5.000 millones de euros. Es la estimación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero sobre el potencial impacto que las comunidades autónomas calculan sobre la devolución del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, si el Supremo dicta que debe pagarlo el banco, con una retroactividad de cuatro años.
Según los cálculos de la ministra, el impacto de la posible devolución del impuesto de las hipotecas tendría un impacto en las arcas públicas, que se notaría en el déficit, que podría subir 4 o 5 décimas. De esta forma, el Gobierno tendría que explicar la coyuntura a Bruselas, en tanto a que afectaría al objetivo de déficit anunciado.