La instrucción del 'caso Cursach' ha dejado en el aire la protección a las fuentes periodísticas, pero no sólo eso sino que hay quienes empiezan a señalar a posibles filtradores de los informes policiales que apuntaban a un gravísimo escándalo de narcotráfico y prostitución en el que se vinculaban a altos mandos policiales y políticos del PP. El resultado de todo esto se teme que pudiera derivar en la contaminación del caso en beneficio de los acusados de la trama.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha desentendido del asunto en respuesta a una misiva remitida por cerca de 600 periodistas alertando del grave riesgo que suponía esta actuación para la libertad de información. En un comunicado, el CGPJ ha remitido al cauce abierto por la prensa y ha recordado que el alcance y los límites de los derechos deben ser interpretados por los tribunales.
Entretanto, ya han empezado a trascender algunos de los nombres que el juez Florit habría colocado en la diana como sospechosos de las filtraciones. Nada menos que el juez instructor que le precedió hasta que fue recusado y el fiscal investigador del 'caso Cursach'. Ambos habrían sufrido en sus carnes el acoso de la trama criminal encausada, tal y como relata ‘Público’.
Fuentes cercanas a la investigación citadas por dicho periódico, alertan de que esta maniobra del juez Florit podría no sólo poner en riesgo el secreto profesional de los periodistas sino también contaminar la causa que instruye en Baleares. Es decir, acabar beneficiando a los acusados de la trama criminal por anulación de parte de la instrucción.
De momento, según informa dicho periódico, a través de negociación de despacho ya se habrían retirado las acusaciones de delito fiscal y blanqueo para el dueño de discotecas, hoteles y puticlubs de Palma y Calvià, Bartolomé (Tolo) Cursach, imputado por narcotráfico, pertenencia a organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho, amenazas, estafa, coacciones, delito fiscal, tráfico de influencias y delito contra el derecho de los trabajadores.
Una retirada que de acusaciones que llegó después de que Hacienda descartara que Cursach tuviera alguna deuda pendiente, contradiciendo las conclusiones del Grupo de Blanqueo de Capitales que le acusó de defraudar 51 millones de euros.
El ‘caso Cursach’ investiga toda una red de narcotráfico y prostitución en la noche mallorquina donde estarían implicandos altos mandos policiales e incluso cargos del PP que acudían a sus locales. Habría alrededor de 40 policías dentro del centenar de detenidos.