La estrategia de la Abogacía del Estado, a diferencia de la Fiscalía, fue cubrir otra acusación sobre los procesados catalanes y no repetir los mismos cargos que la Fiscalía. La Fiscalía se basa en acusaciones de delitos de rebelión y también de malversación de fondos públicos. Sin embargo, la Abogacía del Estado optó por acusarles de sedición.
La diferencia es clara: el Código Penal establece que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes". De ahí fue tan importante que la secretaria judicial Monserrat del Toro dijese que no salió a la calle desde la Consejería de Economía mientras se efectuaba un registro porque había un "tumulto" en la calle que la impedía salir, incluso aplastándose sobre los cristales de las puertas.
Hay que recordar que el Código Penal también se acuerda de aquellos que "hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión", en clara acusación a los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que estuvieron con los manifestantes aquel 20 de septiembre.
En su declaración, Monserrat del Toro describió ante el Tribunal Supremo cómo el bloqueo de los manifestantes independentistas impidió salir a la comitiva judicial y que "no saldrán" y "no pasarán" fueron algunos de los gritos que pudo escuchar desde el interior del edificio donde permanecieron durante horas.
Por cierto que su identidad fue revelada por colectivos y medios de comunicación independentistas radicales a pesar de que el Tribunal respetó su deseo de que su imagen no apareciera en las cámaras, con el objetivo de preservar su anonimato en la calle, ya que teme por su integridad. También se la ha señalado por ser supuestamente votante y/o militante de Ciudadanos y simpatizante de organizaciones anti-independentistas y ultranacionalistas españolas.