La decisión está asentada en que el organismo jurídico no aprecia que hubiera un delito de desobediencia, es decir, su falta de asistencia carece de "relevancia penal". Asimismo, se apoya en la argumentación del informe que ya en su día presentó el Consejo de Estado en el que eximía a altos cargos del Estado de atender de forma obligatoria a las citaciones de los parlamentos autonómicos.