La ley de Memoria Democrática sigue su tramitación en el Congreso y para su aprobación definitiva necesita los apoyos de los aliados de la investidura de Sánchez, algo que ahora podría estar más cerca tras la última enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos.
Los partidos del Gobierno de coalición han registrado una enmienda a la Ley de Memoria Democrática en un intento de superar la Ley de Amnistía de 1977 sin derogarla, algo a lo que el ala socialista se cerraba.
El cambio planteado por los 2 socios de Gobierno señala que "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.
Esta modificación abre la puerta a que los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil puedan ser perseguidos por la Justicia, algo que hasta ahora la ley del 77 impedía.
Era una demanda que llevaban tiempo pidiendo el PNV y ERC, socios clave de la investidura y que ahora, con esta modificación de la normativa, podrían dar el visto bueno al texto para que supere la tramitación en el Congreso.
La coalición ha presentado 30 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática, entre las que destacan el cambio en el texto mencionado y el cambio de nombre del Valle de los Caídos.
En esta enmienda se acuerda que vuelva a su denominación original, el Valle de Cuelgamuros y que todas las imágenes, retratos y demás representaciones vinculadas al franquismo no puedan mostrarse en zonas representativas ni lugares de acceso al público.
También contempla la supresión de títulos nobiliarios concedidos a 33 personas relacionadas con el régimen de Franco, como Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano.